Kristell Vargas
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en San Luis Potosí, que encabeza Alejandro Espinosa Abaroa, expresó su rotundo rechazo ante la aprobación por parte del Congreso del Estado, de un nuevo impuesto del 3 por ciento sobre la venta de bebidas alcohólicas.
Mediante un comunicado de prensa, señalan que este gravamen afectaría no solo a la industria restaurantera y hotelera, sino también a productores locales, el turismo, y las fuentes de empleo en la entidad.
“Si bien el impuesto lograría recaudar en el corto plazo recursos para el Gobierno, a largo plazo repercutiría en la menor captación de impuestos debido al cierre de muchos negocios, además el desempleo en el estado”, señala el presidente del organismo empresarial.
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La cámara empresarial considera necesario que se busquen alternativas que no generen un impacto mayor en la industria restaurantera, hotelera y a los productores locales de bebidas alcohólicas.
La CANIRAC refiere que la industria restaurantera no ha podido recuperarse después de la pandemia de 2020, informando que tan solo en 2024 más de 100 restaurantes han cerrado debido a factores económicos. Estos factores han generado un alza en los precios de los servicios, provocando una disminución en el consumo en restaurantes, que se verá afectada todavía más con el impuesto del 3 por ciento, ya que ello aumentaría los costos finales de las bebidas alcohólicas, propiciando que los comensales dejen de consumir en restaurantes.
El líder empresarial detalló que este nuevo impuesto del 3 por ciento tendría un impacto para la industria restaurantera en 1. La reducción del consumo. 2. La pérdida de competitividad frente a otros destinos turísticos. 3. El impacto a empleos. 4. La afectación a la cadena productiva y 5. El impacto en turismo.
Asimismo señaló que se verían afectados productores locales de cerveza artesanal, vinos y mezcales.
Por lo anterior exhortaron a las autoridades en el estado a reconsiderar la propuesta y a tomar en cuenta las voces de los sectores productivos y de la ciudadanía, puntualizando que “la implementación de este impuesto tendría consecuencias graves para la economía local, afectando a empresarios, trabajadores y consumidores por igual”.