La instalación de cámaras de videovigilancia en zonas comunes de edificios, avalada recientemente por el Tribunal Supremo, ha encendido una acalorada discusión en San Luis Potosí. Mientras algunos ven la medida como una herramienta crucial para combatir la delincuencia, otros alertan sobre los riesgos de violaciones a la privacidad de los ciudadanos. El debate enfrenta a empresarios, organizaciones civiles y ciudadanos preocupados por el impacto de esta iniciativa.
Julio César Ortuño, presidente de COPARMEX San Luis Potosí, expresó su preocupación por las implicaciones de esta medida. “Es necesario priorizar la seguridad, pero sin comprometer los derechos individuales. Este tipo de políticas deben estar reguladas para evitar abusos”, afirmó. Por su parte, Ada Luz Martínez Morales, presidenta saliente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), señaló que la videovigilancia podría ser efectiva para reducir delitos si se implementa bajo marcos legales claros que protejan la privacidad.
Datos del INEGI destacan que San Luis Potosí enfrenta altos índices de inseguridad, con un 73.9% de las unidades económicas reportando percepción de vulnerabilidad, un incremento significativo respecto al año anterior. A pesar de ello, Rodrigo Sánchez Espinosa, presidente electo de IPAC, hizo un llamado a analizar esta estrategia: “La seguridad debe ir de la mano con la transparencia y el respeto a las garantías individuales”.
La ciudadanía se encuentra dividida, y la polémica no parece cesar. Aunque la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) respalda la iniciativa, argumentando su utilidad para disuadir delitos, la creciente preocupación por un “estado de vigilancia” continúa alimentando el debate en torno al verdadero costo de la seguridad.