Mariana Hermosillo
La reciente reforma al Poder Judicial de San Luis Potosí, promovida por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ha generado un intenso debate sobre su impacto económico tanto entre la ciudadanía como en el sector empresarial.
Aunque la iniciativa fue respaldada por varios legisladores, incluyendo a los de Morena, el Consejo Empresarial Potosino ha expresado sus preocupaciones sobre las posibles implicaciones económicas que podría tener la reforma para las empresas locales y la inversión extranjera.
El diputado Carlos Arreola Mallol, quien ha apoyado la reforma, asegura que la optimización de los recursos del Poder Judicial evitará un gasto adicional para los potosinos. Según explicó, la reforma elimina una magistratura y establece un Tribunal de Disciplina, lo que permitirá ahorrar en la estructura administrativa del poder judicial. “Estamos trabajando con el mismo presupuesto del Poder Judicial”, aseguró Arreola, quien enfatizó que no se crearán nuevos gastos.
Sin embargo; representantes del sector empresarial han manifestado su inquietud ante la posibilidad de que la reforma cree un clima de incertidumbre jurídica, lo que podría disuadir la inversión y afectar la permanencia de empresas en la región. La preocupación radica en la potencial falta de transparencia y en el temor a que el proceso de elección popular de magistrados genere inestabilidad en el sistema judicial, afectando a largo plazo la creación de empleos y el crecimiento económico del estado.