Marcela Loyola
Rosalinda Avalos “La Güera”, comandante de la Policía Ministerial del Estado, se pronunció en contra de que, los presuntos responsables del asesinato de dos de sus hijos se le mande a arraigo domiciliario, derivado de que, con esta medida su única hija que le sobrevive y ella están en riesgo, por lo que exige que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso por haber conflicto de intereses a nivel local.
Lo anterior, luego de que el pasado 18 de diciembre, Fernando Zapata Guzmán, juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, concedió el cambio de medidas cautelares, la liberación de prisión a cambio de arraigo domiciliar, a José Guadalupe N., uno de los presuntos asesinos de Daniela y Carlos, hijos de la comandanta Rosalinda Ávalos.
“Si los dejan libres donde va quejar la integridad mía y de mi hija, entonces si será feminicidio, me van a matar y ahí si van a poner las alertas”, cuestionó al señalar que será insuficiente una patrulla para que vigile su casa, pues es enorme, ya que es hijo de un ex comisariado ejidal de La Pila.
“Él mató a mis hijos y yo necesito a mis hijos en esta navidad ¿a poco nada más ellos tienen derechos? ¿por qué las víctimas no tenemos derechos? Yo le dije al juez que, sino sabia quien estaba dejando libre (…) si se llega a escapar no se va a someter a procedimientos (…) ellos han retardado tanto el proceso, amparo tras amparo, toda la información se puede checar (…) y fue cuando dijo que había omitido brindar las medidas protección”, lamentó.
Rosalinda Ávalos manifestó que, la FGR debe de atraer el asunto, pues cuatros de sus ex compañeros ministeriales estaban involucrados con el “cartel de la Ministerial” y son los presuntos responsables del ataque armado a su domicilio donde fallecieron dos de sus hijos (un hijo de 20 años y una hija de 18 años) y, otra que resultó gravemente herida, esto por descubrir que sus cuatro compañeros que estaban vendiendo una camioneta robada.
Recordó que, hubo previa amenaza de que se mataría sus hijos, por lo que exige justicia, que no se siga retrasando las carpetas de investigación y, se actúe contra los cuatro ministeriales y cinco civiles involucrados que conformaban parte del “Cartel de la Ministerial”.