Mariana Hermosillo
La presidenta Claudia Sheinbaum ha promulgado una reforma al artículo 19 de la Constitución, ampliando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta medida, que ya ha entrado en vigor, busca fortalecer la seguridad en estados como San Luis Potosí, al incluir delitos como extorsión y actividades relacionadas con el fentanilo.
En San Luis Potosí, la implementación de esta reforma implica que los jueces deberán ordenar la prisión preventiva de manera automática en casos de los nuevos delitos añadidos. Esto pretende disuadir conductas delictivas y garantizar que los acusados de estos crímenes permanezcan detenidos durante el proceso judicial, evitando riesgos para la comunidad.
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Sin embargo, esta ampliación ha generado debate, ya que contradice una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaba la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el posible abuso de esta medida y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos.
A pesar de las críticas, el gobierno federal sostiene que la reforma es un paso necesario para combatir la impunidad y mejorar la seguridad en el país. En San Luis Potosí, se espera que esta medida contribuya a una disminución de los delitos de alto impacto, reforzando la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.