Marcela Loyola
La organización Ciudadanos Observando denunció que, el ex diputado local René Oyarvide Ibarra, dobleteaba cobrando en el Congreso del Estado y en el nuevo Municipio de Villa de Pozos, Secretario del Concejo Municipal.
El vocero de la organización, Guadalupe González dijo que, el improductivo y abusivo ex diputado local, tras terminar su etapa como legislador fue colocado a inicios de octubre de 2024 como Secretario del Concejo Municipal del nuevo municipio de Villa de Pozos donde percibía 40 mil 200 pesos mensuales.
Agregó que, además de octubre a diciembre de ese año, estuvo cobrando 50 mil pesos mensuales como “auxiliar general administrativo” en el Congreso del Estado, en contubernio con el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, “es decir, en tres meses se embolsó 270 mil 600 pesos más el aguinaldo proporcional”.
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El activista detalló que, de acuerdo al contrato LXIV-011-2024, que aparece publicado en la Plataforma Estatal de Transparencia, señala que tuvo una vigencia improrrogable del 16 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 y explica que recibirá 50 mil 150 pesos mensuales menos impuestos.
“Es importante recordar que, René Oyarvide fue regidor en Ciudad Valles antes de llegar por la vía plurinominal como diputado local. Previo a concluir su encargo legislativo intentó brincar a senador en las pasadas elecciones como candidato del Partido del Trabajo y perdió, por lo que, debido al pago de favores políticos, fue impuesto como Secretario en un Municipio que ni conoce y además se le dieron pagos de 50 mil pesos al mes en el Congreso estatal”, reprobó.
Abundó que, llama la atención que, en el contrato, en la cláusula sexta, señala que “el prestador” está obligado a no divulgar por medio de publicaciones, informes conferencias o en cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos por los servicios objeto de este contrato sin la autorización expresa de “el poder legislativo”, es decir, se tendrían que mantener ocultas sus actividades y resultados de Oyarvide Ibarra en el Congreso como auxiliar general.
“Este es un acto deshonesto, irresponsable, fuera de toda ética y nos deja ver como el reparto del dinero público entre la clase política es evidente”, condenó Guadalupe González.