A ocho meses de haber firmado con la empresa Distribuidora VEM SA de CV un contrato de arrendamiento de una superficie de 46 mil metros cuadrados, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se percató de que el documento era desfavorable para la institución y presentaba algunas irregularidades, por lo que el Consejo Directivo Universitario (CDU) autorizó explorar la posibilidad de rescindirlo.
Así lo expresaron varios funcionarios universitarios durante la sesión del Consejo Directivo Universitario celebrada el 13 de diciembre de 2024 en la que se encomendó a la Oficina de la Abogacía General la tarea de definir el futuro del negocio en el que se involucró la institución.
En noviembre de 2023, el CDU autorizó la renta de un predio de 46 mil metros cuadrados a la empresa, a razón de 3.4 millones de pesos por año durante dos décadas para la construcción de un centro deportivo que, al cumplirse el plazo y si no se prorrogaba, quedaría bajo propiedad de la UASLP. El contrato se firmó el 12 de abril de 2024.
Sin embargo, la empresa presentó en su lugar el proyecto Distrito Santa Fe, un desarrollo comercial que sólo destinaba el 10% de la superficie rentada a instalaciones deportivas, mientras que la mayor parte de la superficie la dedicaría a un centro comercial con más de 70 negocios.
Además, destaca que, en contraste con los precios actuales en el mercado inmobiliario en la zona, la UASLP estaría cobrando apenas la décima parte de lo que costaría un arrendamiento normal en la zona. La universidad obtendría 65.5 millones de pesos por el trato, cuando un cálculo realizado por inmobiliarios consultados por este medio arroja un ingreso de 681.7 millones de pesos en todo el periodo.
Al conocerse esta situación en noviembre del año pasado, la UASLP encomendó a la Comisión de Hacienda que estudiara alternativas al proyecto, incluyendo la rescisión contractual.
En diciembre pasado, la Comisión presentó sus conclusiones, en las que Germán Pedroza Gaitán, integrante y director de la Facultad de Derecho, reconoció que se habían detectado “situaciones que pudieran ser constitutivas del incumplimiento puntual del contrato”, además de adversas a los intereses de la UASLP.
Urenda Navarro Sánchez, abogada general, señaló que el contrato, formalizado por su antecesor, Joel González de Anda, estaba “deficientemente construido” y que “el clausulado no es favorable para la institución”.
Entre las anomalías detectadas estaba la ausencia de una cláusula de rescisión del contrato y de causales que provocarían la ruptura.
El contrato presenta, reconoció, un clausulado ambiguo y que el haberse signado por 20 años contraviene el plazo máximo permitido por el Código Civil potosino, que sólo reconoce un plazo de 15 años.
Y aunque rechazó exponer a los integrantes del CDU la estrategia concreta para tratar de zafarse del contrato, el rector Alejandro Zermeño y Navarro Sánchez solicitaron el voto a los consejeros para analizar la viabilidad de la rescisión. Y a pesar de ir a ciegas, los consejeros aprobaron por unanimidad la solicitud.
Con información de: Pulso