En la semana que termina se desarrolló un episodio más de cómo esta administración genera un problema, alega que no tiene ninguna relación con él, usando la cantaleta de los aborrecidos antecesores, y luego hace como que lo resuelve.
Médicos jubilados del Hospital Central Ignacio Morones Prieto detonaron varias protestas luego de que dejaran de recibir sus pagos de los dos primeros meses de este año.
A través de comunicados de prensa, primero, y luego con protestas en la calle y ante dependencias públicas, reclamaron que la Secretaría de Salud estatal, y la propia administración de Ricardo Gallardo Cardona, interrumpieron los pagos, con el único argumento de que la falta de recursos financieros.
Ante la presión, el propio gobernador Gallardo Cardona apareció con los argumentos de cajón: el problema no lo generó él, sino que se creó debido a omisiones de la pasada administración, que no dejó un fondo de pensiones para los médicos jubilados; y que la solución tampoco era su responsabilidad, sino de la Federación, debido a la transferencia del HC a la esfera del sistema IMSS-Bienestar.
De hecho, la primera estrategia de su gobierno para solucionar este problema era gestionar que el sistema federal reconociera la obligación del pago.
Al señalamiento oficial le siguió una campaña negra en medios de comunicación contra el movimiento médico, ligándolo a grupos políticos partidistas opositores, en un intento de desvirtuarlo.
Ambas estrategias, sin embargo, chocaron con un hecho evidente: la obligación de los pagos nunca estuvo fuera de la esfera del gobierno estatal. Normativamente le correspondía a la administración de Gallardo Cardona.
Lo anterior quedó establecido en el primer convenio modificatorio al convenio de coordinación que establece la forma de colaboración en materia de personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y demás insumos asociados para la prestación gratuita de servicios de salud, para las personas sin seguridad social, que celebran la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) y el Estado de San Luis Potosí.
Entre las declaraciones del instrumento de larguísimo nombre está la III.2, que establece que “los recursos humanos, financieros y materiales, así como los inmuebles, objeto del presente instrumento y del convenio principal se encuentran al corriente de sus obligaciones, así como libres de cargas, gravámenes u obligaciones pendientes de cualquier naturaleza, por lo que se encuentra en aptitud jurídica y material para realizar los procesos de entrega y recepción de los mencionados recursos en términos del presente. En consecuencia, en ningún caso el IMSS-Bienestar asumirá el cumplimiento de obligaciones que el gobierno del estado haya adquirido previo a la celebración de los citados instrumentos”.
Y es que, sí, había obligaciones previas adquiridas por el gobierno estatal, con sendos convenios firmados en 2001 y en 2009 en los que asumen la responsabilidad del pago de las pensiones.
El asunto, por fortuna, llegó a la mesa de negociaciones de las cuales, salió un acuerdo de negociación para buscar la reanudación de los pagos.
No puede hablarse de una salida exitosa para los médicos porque lo de los pagos es una promesa y no una realidad concreta. Pero el asunto es una muestra de que el gobierno estatal no abandona la táctica de eludir los problemas, achacándolos al pasado.
Con información de: Pulso