Marcela Loyola
En el Congreso del Estado desde hace casi un año, hay tres solicitudes de juicio político en contra de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno, que se encuentran congeladas.
Fueron tres víctimas reconocidas por el Estado, quienes han presentado ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, solicitudes de juicio político por lo que consideran ha sido una vulneración sistemática a sus derechos fundamentales por parte del organismo que debería defenderlos.
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Las primeras dos fueron presentadas el año pasado durante los meses de mayo y junio y, la última en el marco de la postulación de la presidenta para su reelección como titular del organismo.
Además, dos víctimas tienen interpuestas denuncias penales en contra de la titular de la CEDH por discriminación y violencia.
Según la Ley de Juicio Político del Estado de San Luis Potosí, en su artículo noveno, es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, o de su buen despacho. Siendo uno de los perjuicios señalados en la fracción tercera del artículo décimo: las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y sus garantías.
Lamentablemente, hasta el momento no se ha dado ninguna resolución a favor o en contra de la servidora pública, quien por su parte también ha interpuesto denuncias penales en contra de las víctimas, obteniendo medidas de restricción que les impiden acercarse y continuar con sus procesos en el organismo.