-En días recientes trascendió que la directora de la Instancia de las Mujeres en Pozos, Lidia Vargas Hernández, pretendía colocar a su esposo en un cargo en la administración municipal, pese a que cuenta con una sentencia por violencia de género.
Kristell Vargas
Diversas organizaciones, colectivas y defensoras de derechos humanos en San Luis Potosí manifestaron su preocupación ante la denuncia de que la directora de la Instancia de las Mujeres en Pozos, Lidia Vargas Hernández, pretende colocar a su esposo en un cargo en la administración municipal, quien cuenta con antecedentes y una sentencia por violencia.
En días recientes trascendió que la funcionaria morenista pretende la contratación de su esposo Mario Zorrilla como asesor en ese municipio, pese a que este cuenta con una sentencia condenatoria por el delito de feminicidio en grado de tentativa, tras un violento ataque contra su entonces pareja en noviembre del 2019.
A través de un pronunciamiento las colectivas consideraron esta situación alarmante, ya que contradice los principios de generar espacios seguros y libres de agresores para las mujeres y expusieron lo siguiente.
¡No podemos permitir que agresores ocupen espacios de poder. Esta situación no solo es alarmante, sino que contradice los principios de protección y seguridad que deben regir estas instituciones. Las instancias de atención a las mujeres NO pueden ser refugios para violentadores!, manifiestan en el documento.
Recordaron que México tiene la obligación de erradicar la violencia contra las mujeres, conforme a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Exigimos que estos compromisos internacionales y nacionales se cumplan, asegurando que ninguna mujer sea revictimizada por el propio Estado.
Exigen el cumplimiento de la reforma “3 de 3 Contra la Violencia”, la cual impide que agresores con sentencia firme ocupen cargos públicos. Afirmaron que quienes han cometido violencia familiar, delitos sexuales o son deudores alimentarios no pueden representar ni tomar decisiones que afectan a las mujeres y a la ciudadanía.
También solicitan la implementación de protocolos claros y efectivos para la prevención, atención y sanción de la violencia de género en todas las instancias de gobierno; la realización de auditorías y revisiones externas para garantizar la transparencia en el funcionamiento de las instituciones dedicadas a la atención de las mujeres.
Así como la creación de mecanismos de participación ciudadana para vigilar el cumplimiento de políticas públicas con perspectiva de género; y el fortalecimiento de la asignación de recursos suficientes para programas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
Añadieron que se mantendrán en alerta para exigir transparencia, justicia y acciones contundentes que garanticen espacios libres de violencia en San Luis Potosí, reiterando su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres.
El pronunciamiento está firmado por diversas organizaciones y colectivas: Colectiva Abogada Disruptiva, Organización para Chicas A.C., Colectiva Todes Trans S.L.P., Pedaleando SLP, Red Nacional de Juventudes Diversas A.C., Coordinación del Frente Nacional por las 40 horas en SLP, Apoyarte A.C. y Colectivo Aquelarre Valles.
Así como por las defensoras de derechos humanos: Mariana Juárez Moreno, Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, Yesica Yolanda Rangel Flores, Arely Torres Miranda, Fátima Patricia Hernández Alvizo, Silvia Gabriela Silva Olivares, María Isabel Medrano Vázquez y María de Lourdes Miranda Herrera.