Feministas y defensoras de los derechos de las mujeres exigieron al Congreso de la Unión a retirar el fuero al exgobernador y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien enfrenta una denuncia por tentativa de violación interpuesta por su media hermana, Nidia Fabiola.
Lo anterior, una horas antes de que se votara el dictamen de la Sección Instructora que determinó improcedente la solicitud de desafuero contra Blanco Bravo.
En un comunicado conjunto, las agrupaciones señalaron que Blanco Bravo habría buscado la diputación federal con la intención de asegurar inmunidad y evitar enfrentar la justicia. “Desde los últimos meses de su administración se sabía que estaba gestionando una candidatura para blindarse ante posibles acusaciones”, señalaron.
Las organizaciones advirtieron sobre el uso indebido del fuero constitucional como obstáculo en casos de delitos del fuero común. Destacaron que el artículo 61 de la Constitución protege a legisladores por sus declaraciones en el ejercicio del cargo, pero no ampara delitos cometidos fuera de sus funciones.
El desafuero, mecanismo diseñado para retirar la inmunidad a servidores públicos cuando existen señalamientos graves, ha sido históricamente un proceso tanto político como jurídico. Sin embargo, las activistas denunciaron que su aplicación discrecional ha permitido que algunos funcionarios eludan la justicia.
“Es momento de garantizar que el fuero no sea un escudo de impunidad. Quien tiene los medios para enfrentar un debido proceso debe hacerlo sin privilegios”, enfatizaron.
Las firmantes demandaron que el Congreso de la Unión actúe con responsabilidad y perspectiva de género, asegurando que Blanco Bravo pueda ser investigado en condiciones de igualdad ante la ley. “No se trata de un juicio mediático, sino de permitir que las autoridades competentes realicen su labor sin obstáculos institucionales”, señalaron.
Asimismo, reconocieron a la diputada Meggie Salgado Ponce por su postura a favor de los derechos de las mujeres y exhortaron a las legisladoras a tomar acciones concretas. “Más de la mitad del Congreso está integrado por mujeres. Este es el momento de demostrar que la representación también implica compromiso con la justicia”, subrayaron.
Entre las organizaciones que suscribieron la exigencia se encuentran Nosotras Observamos, el Observatorio de la Paridad y Violencia Política Morelos, Género 33, la Colectiva Atizihuati y la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.
Finalmente, recalcaron la necesidad de garantizar el acceso a la justicia para la denunciante y que sean las instituciones correspondientes quienes determinen la responsabilidad del legislador. “El debido proceso debe prevalecer, pero sin que el fuero sirva como barrera para la impartición de justicia”, concluyeron.
Con información de: Aristegui Noticias