El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum refutó este sábado los señalamientos del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que busca llevar la crisis de las desapariciones en México ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo el argumento de que son “sistemáticas o generalizadas”.
El 4 de abril trascendió que el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) inició en México un procedimiento contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el cual abre la posibilidad de una intervención.
La resolución de la CED en torno a la posible intervención de la Asamblea General de la ONU:
“Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado al Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas.”
Ante el pronunciamiento de la CED, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, en el que “rechaza las declaraciones de integrantes del Comité entorno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado”.
Antes, el presidente de la CED, Olivier de Frouville, afirmó que, “de acuerdo al procedimiento de comunicación urgente, el procedimiento de comunicaciones individuales del artículo 31, y también basándonos en el procedimiento previsto en el artículo 34, conforme con este último, el Comité recibió información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México”, indicó.
Añadió que “el Comité decidió solicitar al Estado Parte toda la información pertinente en relación con estos hechos, lo cual no prejuzga las próximas etapas del procedimiento”.
En respuesta, la SRE señaló que “el gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado. México está comprometido con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia”.
Asimismo, afirmó que ha hecho manifiesto su compromiso para combatir este flagelo y ha anunciado la puesta en marcha de acciones contundentes para estos efectos.
Mantienen estrecha colaboración
Por otro lado, México aseveró que mantiene una cooperación sostenida con el Comité Contra la Desaparición Forzada en su calidad de Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.
Al concluir el 28° Periodo de Sesiones, el CED indicó que remitiría al Estado Mexicano una solicitud relacionada con la situación de desapariciones en el país, con fundamento en el artículo 34 de la Convención en la materia.
El Comité enmarca este procedimiento dentro de un proceso de intercambio que mantiene con México desde 2014, por lo que el Estado Mexicano analizará dicha solicitud una vez que sea recibida, para compartir las acciones y programas que se implementan a nivel nacional para atender y combatir el fenómeno de las desapariciones en México.
En apego a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, México seguirá atendiendo las solicitudes de información que remita el Comité, a través de acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes periódicos, a fin de que este cuente con información fidedigna sobre el contexto actual en el país, afirmó la SRE en el documento.
El CED es un órgano del tratado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el mandato de supervisar que los Estados Partes cumplan con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.
Lo anterior se hizo del conocimiento de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a través de una nota diplomática y al Comité para la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
Con información de: Aristegui Noticias