El Frente Marea Verde San Luis Potosí condenó el fallecimiento de una joven en un consultorio médico particular, en circunstancias vinculadas a la interrupción de un embarazo, exigiendo a las autoridades no ser omisas y garantizar el acceso gratuito y seguro a un aborto.
“Nos solidarizamos con su familia y seres queridos en este doloroso momento. Este hecho nos duele como colectividad y también nos obliga a alzar la voz para señalar con firmeza que: Este hecho, lejos de tratarse de una tragedia aislada, evidencia una cadena de omisiones institucionales que continúan costando vidas. Una vez más, se confirma que la despenalización y legalización del aborto no es suficiente, si no va acompañada de acciones concretas del Estado para garantizar el acceso real, seguro, digno y gratuito a los servicios de salud reproductiva”, señalan en un posicionamiento.
Puntualizan que, los familiares de la joven buscaron atención médica para realizar un procedimiento de legrado, sin embargo, ante presuntas complicaciones, el médico abandonó el consultorio, dejando a la paciente bajo el cuidado de una asistente sin las condiciones adecuadas.
“Al llegar la policía y los servicios de emergencia, la joven ya no contaba con signos vitales. Esta cadena de negligencias representa no solo una falta de ética profesional, sino una clara responsabilidad institucional por no garantizar la atención en condiciones seguras y adecuadas. El aborto es un derecho en San Luis Potosí, pero la sanción social, la ausencia de información, la falta de protocolos aplicados, la carencia de insumos y de personal capacitado, obliga a las mujeres y personas gestantes a acudir a lugares sin condiciones, exponiéndolas a riesgos evitables”, lamentan.
El Frente Marea Verde puntualizan que, a más de cinco meses de la despenalización del aborto, el acceso sigue siendo una deuda del Estado. “El uso de procedimientos como el legrado, práctica desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud desde los años ochenta por su nivel de riesgo, demuestra la urgente necesidad de actualización de protocolos médicos, la capacitación del personal de salud, y la dotación de insumos adecuados en todos los niveles del sistema sanitario”
“Al Gobierno del Estado de San Luis Potosí le exigimos: vigilancia activa sobre los establecimientos médicos particulares que ofrezcan servicios ginecológicos, asegurando que cumplan con normativas de salud y protocolos vigentes; una estrategia pública de difusión sobre el derecho a interrumpir legalmente un embarazo y los servicios de salud disponibles, particularmente en comunidades rurales y periurbanas; que se deje de operar con discursos que reconocen derechos, pero con estructuras que los niegan”, piden.
Agregan que, a la Secretaría de Salud del Estado de San Luis Potosí y a las áreas municipales de salud de los 59 municipios del estado, les exigen: la inmediata actualización y aplicación obligatoria del Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México o la capacitación urgente y obligatoria del personal de salud, especialmente en zonas rurales y urbanas marginadas.
Asimismo, la dotación de medicamentos e insumos recomendados por la OMS para la práctica del aborto seguro; la creación de mecanismos de monitoreo y sanción para quienes incumplan con la atención médica adecuada a las personas gestantes; que informe amplia y permanentemente a la ciudadanía los mecanismos y espacios habilitados para practicar una interrupción del embarazo en los términos establecidos por la ley.
A la Fiscalía General de Justicia le piden que realice una investigación exhaustiva y con perspectiva de género, que atienda al principio de debida diligencia reforzada, reconociendo esta muerte como lo que es: una muerte violenta y prevenible derivada de la omisión institucional; que no se criminalice ni a la familia ni a quienes buscaron ayuda, sino que se sancione la negligencia médica y la falta de atención oportuna.