El Comité de la ONU sobre Trabajadores Migratorios publicará el próximo 15 de abril un informe con recomendaciones para México, luego de haber evaluado las acciones del país en la investigación de delitos y violaciones a derechos humanos contra migrantes, de acuerdo con la Fundación para la Justicia.
En un comunicado, la fundación señaló que los días 7 y 8 de abril el comité evaluó en Ginebra al Estado mexicano y destacó la ausencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Migración (INM), instituciones clave para atender esta problemática.
El comité solicitó a México detallar las acciones emprendidas para fortalecer la búsqueda de migrantes desaparecidos, así como para instalar la Mesa de Búsqueda de Migrantes, pendiente desde hace tres años. Sin embargo, según la Fundación, no hubo respuesta del Estado a estas preguntas.
Asimismo, se reconocieron pendientes en el diseño de políticas públicas para atender la crisis de desapariciones en el país, así como la necesidad de fortalecer el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, particularmente en El Salvador, con el fin de que las familias de personas migrantes puedan acceder a mecanismos de justicia transnacional.
De acuerdo con la fundación, diversas organizaciones y redes de derechos humanos como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Sin Fronteras, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Asylum Access y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, entre otras, resaltaron los principales pendientes del Estado mexicano en materia de desaparición, masacres, trata de migrantes, detenciones y expulsiones, revisiones migratorias inconstitucionales, militarización, discriminación, racismo y xenofobia, regularización migratoria, atención y derechos de la niñez migrante, así como el otorgamiento de tarjetas de visitante por razones humanitarias. Estas organizaciones enviaron previamente informes sombra al comité, detallando la información que expusieron.
En cuanto a la falta de verdad y justicia para los familiares de las víctimas de las masacres de 72 migrantes en 2010, las fosas clandestinas de San Fernando en 2011 y el caso de Cadereyta en 2012, la delegación del Estado mexicano solo mencionó los juicios promovidos por las víctimas y la Fundación para la Justicia para acceder a los expedientes de investigación, sin proporcionar información sobre los resultados de dichas investigaciones ni avances en la identificación y sanción de responsables.
Tampoco se mencionó que, respecto a la masacre de 72 migrantes y las fosas de San Fernando, se han dictado dos sentencias —hasta donde se tiene conocimiento— contra 38 presuntos integrantes de Los Zetas por delitos como delincuencia organizada o portación de arma de fuego, pero no por secuestro, tortura o homicidio de migrantes.
Según el comunicado, el Estado mexicano reconoció el bajo índice de judicialización de los delitos cometidos contra migrantes, y detalló que entre 2019 y 2025 se emitieron 53 sentencias, de las cuales 10 fueron absolutorias y 43 condenatorias. Además, del 2018 al 2023, sólo se han dictado 15 sentencias condenatorias por desaparición forzada, sin especificar si las víctimas eran migrantes.
La Fundación para la Justicia aseguró que existe una gran deuda en cuanto a la atención básica a las familias de víctimas migrantes, al no haber políticas diferenciadas con enfoques de género, niñez, interseccionalidad y transnacionalidad. También mencionó que continúa la discriminación institucional, ya que se carga a las víctimas con responsabilidades que no les corresponden y no se han desarrollado coordinaciones bilaterales o regionales con los países de origen.
Finalmente, lamentó que no se haya adoptado una política pública para evitar la repetición de violaciones graves a los derechos humanos de personas migrantes, a pesar de que persisten situaciones de extorsión, secuestro, trata, homicidios y desapariciones, en un contexto donde México es considerado el mayor corredor migratorio del mundo.
“El Comité destacó su preocupación por los efectos de la militarización del control migratorio y los casos en los que personas migrantes han sido asesinadas por fuerzas militares como la Guardia Nacional. Pablo Ceriani, Relator del Comité para México, destacó que el enfoque securitista afecta todos los ámbitos de los derechos de las personas migrantes”, menciona el comunicado.
“El próximo martes 15 de abril, el Comité publicará su informe y recomendaciones para México, y esperamos que el país ponga especial énfasis en el cumplimiento y adopción de medidas para atender las problemáticas señaladas”, concluyó la Fundación.
Con información de: Aristegui Noticias