Marcela Loyola
Comerciantes denunciaron una presunta red de corrupción que está operando dentro de la Dirección de Comercio del nuevo municipio de Villa de Pozos, con prácticas irregulares en la emisión de licencias provisionales de funcionamiento y contrarias a la normativa vigente.
Fue a través de la organización Ciudadanos Observando que los quejosos señalaron la posible complicidad de la presidenta del concejo, Teresa Rivera; la directora de Comercio, Rocío Alvarado Vázquez, y los regidores concejales.
Detallaron que, el municipio utiliza de forma supletoria el Reglamento de Actividades Comerciales del Municipio de San Luis Potosí, ante la falta de reglamentación propia, dicho reglamento, junto con la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado, establece que las licencias provisionales deben otorgarse por un máximo de 30 días y solo una vez al año, mientras se tramita la licencia anual correspondiente. Sin embargo, en Villa de Pozos se estarían otorgando de forma reiterada, por periodos de hasta tres meses y con cobros muy por encima de lo que marca la ley.
Documentación revisada muestra que a algunos comerciantes se les ha cobrado hasta 5 mil 104 pesos por un permiso provisional de tres meses. La Ley de Ingresos local establece un pago de apenas 56.57 pesos, equivalente a 0.5 UMA (con el valor actual de la UMA en 113.14 pesos), dependiendo del tamaño del establecimiento.
Además, se exige un pago adicional de mil 710 pesos por concepto de inspección, pese a que la ley fija un tope de 15 UMAs, es decir, mil 697.10 pesos. Aunque la diferencia parece mínima (12.90 pesos), apunta a un patrón de cobros sistemáticamente inflados. También se han detectado cargos por “juegos de formas” que deberían costar apenas 0.11 UMA, pero se facturan a precios mucho más altos, sin explicación clara ni recibos oficiales.
En muchos casos, los comerciantes solo reciben una hoja simple como constancia del permiso, sin registro de pago en la caja municipal, lo que refuerza la sospecha de desvío de recursos públicos.
Los inconformes señalan que estas prácticas violan directamente lo estipulado en el artículo transitorio segundo de la Ley de Ingresos de Villa de Pozos, que prohíbe cualquier cobro no previsto en la normativa. Además, la falta de transparencia, sumada a la omisión de comprobantes oficiales, ha creado un clima de inseguridad jurídica para los comerciantes, quienes temen represalias si denuncian los abusos.
Ante este panorama, organizaciones ciudadanas y comerciantes afectados exigen una auditoría profunda a la Dirección de Comercio y la intervención inmediata del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), así como de otras instancias estatales, para frenar lo que podría ser un esquema de corrupción institucionalizada.