El equipo jurídico de las familias afectadas señaló que se vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes al separarlos de sus madres
El equipo jurídico de las familias de niños, niñas y adolescentes que se ampararon contra los traslados de sus mamás al penal de Xolol exigió a las autoridades, a través de un comunicado, que 19 mujeres privadas de su libertad que fueron trasladadas a este centro penitenciario ubicado en el municipio de Tancanhuitz sean reubicadas al centro de reinserción social de La Pila, en la capital potosina.
Recordó que el pasado 4 de septiembre de 2023 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado dictó un acuerdo en el que se ordenó la reorganización penitenciaria y traslado generalizado de mujeres privadas de su libertad al Centro de Reinserción Social Femenil de Tancanhuitz, conocido como Xolol. En el comunicado se establece que, desde aquel entonces, se han realizado traslados involuntarios de manera discriminatoria, pues el requisito para que una persona sea trasladada a este centro penitenciario es ser mujer.
Debido a ello, señaló el equipo jurídico, se ha vulnerado el interés superior de la niñez, así como el derecho a la salud, a la educación, a la familia, al desarrollo y al bienestar de niñas, niños y adolescentes, hijas e hijos de esas mujeres que fueron trasladadas a Xolol.
En este sentido, explicó que los traslados amplían la distancia entre las mujeres privadas de su libertad y sus hogares, profundizando así la separación que afecta a sus hijas e hijos por la imposibilidad de visitar a sus madres de manera regular, como lo hacían mientras se encontraban internas en el penal de La Pila, lo cual causa un daño grave al imponer una distancia que imposibilita el vínculo, la convivencia y el cuidado de los menores.
Así, las y los menores afectados, acompañados por organizaciones de la sociedad civil, presentaron una demanda de amparo, argumentando la ilegalidad e inconstitucionalidad del acuerdo señalado, el cual, explicó el equipo jurídico, denota la falta de perspectiva de género y de infancias, al no contemplar el papel fundamental que tienen las madres privadas de libertad en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Así, el pasado 22 de abril de 2025, el Juzgado Sexto de Distrito de San Luis Potosí admitió la demanda de amparo interpuesta por las familias afectadas, y ordenó el traslado de 19 mujeres privadas de su libertad de la cárcel de Xolol a la de La Pila, situación que fue confirmada a través de una resolución de suspensión definitiva el 29 de abril de 2025, ante alegatos de la autoridad responsable.
Recordó que este 28 de abril de 2025, la SSPC, a través de su dirección jurídica, alegó la imposibilidad de cumplir con este ordenamiento bajo el argumento de que las circunstancias de seguridad de La Pila no son adecuadas por la violencia originada en el área varonil que produce ingobernabilidad en el centro, por lo cual se afecta a mujeres y a sus hijas e hijos al mantenerlas a 350 km de distancia de sus familias y sus juzgados.
La SSPC agregó que tampoco se cuenta con espacios físicos habilitados, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó en 2023 que el penal de Xolol tiene capacidad para 126 personas, siendo que este centro penitenciario alberga a más de 100 personas privadas de su libertad, por lo que el centro ya se encuentra en su límite de capacidad.
¿Qué exigen a las autoridades?
El comunicado abarca 4 exigencias en el marco de esta problemática, las cuales son:
El acatamiento inmediato de la suspensión definitiva ordenada mediante resolución el pasado 29 de abril por la jueza federal
Que las autoridades se ajusten a la legalidad con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e infancias durante todo el procedimiento del juicio de amparo aludido
Garantizar que las mujeres privadas de libertad y sus familiares no reciban ningún tipo de represalia ni hostigamiento por parte de las autoridades penitenciarias por exigir la protección de sus derechos
Que las autoridades, en el marco de sus atribuciones, intervengan para que se respete la legalidad y el cumplimiento de las resoluciones de amparo, y que se garantice el respeto a los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad
Finalmente se hizo un llamado a la sociedad a recordar que, aun en condición de reclusión, las mujeres privadas de su libertad conservan sus derechos fundamentales, y que la base del principio de reinserción social no es el castigo, ni la seguridad penitenciaria, ni la incapacitación, sino el respeto de los derechos humanos de ellas y sus hijas e hijos.
El comunicado, firmado por 31 organizaciones de la sociedad civil, académicos, personas defensoras, activistas y periodistas, está dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Ricardo Gallardo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado Jesús Juárez Hernández, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Rosario Ibarra de Piedra y a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Giovanna Argüelles.
Con información de: el sol de san luis