La Casa Blanca está considerando suspender el habeas corpus, el principio jurídico que protege a las personas contra las detenciones arbitrarias, como parte de un esfuerzo por endurecer sus políticas migratorias.
En declaraciones a reporteros, Stephen Miller, uno de los principales asesores del presidente Donald Trump, argumentó que la Constitución de Estados Unidos permite suspender el habeas corpus “en tiempos de invasión”.
“Es una opción que estamos considerando de manera activa y todo depende de si las cortes hacen lo correcto o no”, agregó Miller.
El Gobierno de Trump ha utilizado el argumento de una supuesta “invasión” de migrantes para justificar acciones como la militarización de la frontera con México y la expulsión de extranjeros —en su mayoría venezolanos— hacia la megacárcel del CECOT, en El Salvador.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han presentado demandas en contra de estas políticas, y en múltiples ocasiones los tribunales han fallado a su favor, frenando los planes del Ejecutivo. Estas organizaciones han empleado precisamente el habeas corpus como herramienta legal para impedir la expulsión de más migrantes al CECOT, así como de varios universitarios señalados por su activismo pro-palestina.
Este principio jurídico solo ha sido suspendido en cuatro momentos de la historia de Estados Unidos: durante la Guerra Civil y el periodo de Reconstrucción, en Filipinas cuando estaba bajo control estadounidense, y en Hawái tras el ataque japonés a Pearl Harbor.
La administración republicana ha decidido empujar los límites del poder judicial, ignorando las órdenes de dos jueces federales y lanzando una campaña en su contra.
Uno de los casos más polémicos ha sido el de Kilmar Ábrego García, un migrante enviado a El Salvador pese a tener un estatus legal. El Gobierno se ha negado a cumplir la orden de la Suprema Corte y de un tribunal inferior que solicitaban su retorno.
Stephen Miller, identificado como el principal arquitecto de las políticas antimigrantes del Gobierno, ha calificado a varios jueces federales como “activistas” y los ha acusado de estar detrás de un “golpe de Estado judicial”.
Con información de: Aristegui Noticias