Marcela Loyola
El Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos la iniciativa enviada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona que incrusta y penaliza en el Código Penal estatal la figura de “halconeo”, aunque algunos legisladores consideraron ambiguo al Dictamen y como está en su redacción porque podrían incurrir las autoridades de seguridad y de procuración de justicia en violaciones a los derechos humanos.
El dictamen se aprobó con la mayoría de las y los diputados del PVEM y PT apuntalados por la bancada el PRI, la diputada del PAN Aranzazú Puente Bustindui y de MC, Marco Antonio Gama Basarte, que fueron 18 votos; se abstuvieron los seis de Morena y los tres panistas.
Al presentar el dictamen que reforma el párrafo cuarto del Artículo 343, adiciona el Capítulo Quinto con el Artículo 293 Quáter al Título Décimo Cuarto del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, la presidenta de la comisión legislativa Primera de Justicia, María Leticia Vázquez Hernández destacó que, la práctica del halconeo por parte de los cárteles y bandas delincuenciales pone en riesgo la integridad y la vida de policías.
“San Luis Potosí al igual que muchas entidades se enfrenta a una realidad compleja en la que los grupos delictivos han evolucionado, se reinventan y han perfeccionado sus métodos, han encontrado nuevas formas de burlar la ley y de esas formas destaca una práctica insidiosa, silenciosa, pero letal: el halconeo”, expuso en Tribuna.
Añadió que, en las cuatro regiones del estado se utilizan cámaras, teléfonos y tecnología para espiar y advertir a los grupos criminales sobre la presencia de autoridades, por lo que la figura del halconeo ahora será tipificada en el ordenamiento penal estatal como obstrucción de la seguridad pública y vigilancia ilícita, práctica que será castigada con 5 a 12 años de prisión y de 500 a mil 200 días del valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMAs).
En entrevista posterior, la diputada de Morena, Jessica Gabriela López Torres consideró que, hay partes que resultan ambiguas, “el Dictamen no está sustentado con opiniones técnicas como de la Fiscalía General del Estado o un ejercicio de apego a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque lamentó que no tuvieron tiempo de presentar una reserva para robustecer”.
“No es lo mismo como interpretamos la ley nosotros como legisladores a quienes la aplican, en este caso por un error técnico legislativo podemos dejar en estado de indefensión a quien se le aplica la norma: Los ciudadanos”, reveló.