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VIDEO | Colectivo indígena exige perfil con arraigo y lengua originaria para dirigir unidad municipal

Kristell Vargas

El colectivo Voces y Raíces de Mujeres Indígenas de San Luis Potosí exigió que la persona que encabece la Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas del Ayuntamiento capitalino sea verdaderamente indígena, con arraigo comunitario, hablante de lengua originaria y con compromiso genuino hacia los pueblos.

En un pronunciamiento público, integrantes del colectivo, que agrupa a mujeres de pueblos como el mazahua, otomí, mixteco, náhuatl, tepehua, triqui y xi’iuy— señalaron que las anteriores autoridades al frente de la unidad, entre ellas Palmira Flores García, Vicente Domingo Hernández Ramírez y Erika Juan N., no cumplen con los principios ni requisitos legales necesarios, como el conocimiento de usos y costumbres o el dominio de la lengua indígena.

Además, acusaron a estas personas de generar divisiones internas en las comunidades y de entorpecer el proceso de consulta indígena mandatado por el Tribunal Electoral del Estado, el cual sigue sin iniciar formalmente.

“El perfil que se necesita no debe responder a intereses personales ni familiares. Queremos a alguien que haya nacido en una comunidad indígena, que hable la lengua, que escuche con humildad y sepa comprender lo que sienten nuestras abuelas y abuelos”, expresó María Guadalupe González Gutiérrez, mujer mazahua e integrante del colectivo.

Asimismo, las mujeres indígenas plantearon que el cargo debe ser ocupado por una mujer originaria, como parte del reconocimiento al liderazgo y participación histórica de las mujeres en sus comunidades.

“Durante mucho tiempo hemos sido invisibles. Hoy queremos organizarnos, ser escuchadas y contribuir desde nuestra visión. Sabemos lo que nuestra gente necesita”, afirmaron en conjunto.

Aunque reconocieron que el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, ha mostrado disposición para dialogar y cumplir la sentencia del Tribunal, alertaron que los conflictos internos provocados por las anteriores autoridades han complicado el avance del proceso.

“Nosotras no luchamos por un salario. Luchamos por respeto, por dignidad, por el bienestar de nuestras comunidades. Condenamos los discursos de odio, la agresión y la intolerancia que se sembraron desde esa oficina”, concluyeron.

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