Por: Redacción La noche del 7 de junio en San Luis Potosí terminó en tragedia. En el antro Rich, lo que debía ser una velada de fiesta terminó en una pesadilla: el colapso de una estructura y el aparente sobrecupo provocaron la muerte de dos jóvenes y dejaron a 15 gravemente heridos. Meses después, mientras las familias lloraban esta tragedia, las autoridades municipales apenas comenzaban a responder por un hecho que, aunque trágico, era evitable.
La pregunta no es solo quién construyó el escenario o quién vendió más boletos de los permitidos. La pregunta de fondo es: ¿quién permitió que este lugar operara en condiciones de riesgo?
Una tragedia con responsables
Los establecimientos como Rich no operan en el vacío. Requieren autorizaciones municipales: licencia de funcionamiento, validación de Protección Civil, verificación del aforo permitido, rutas de evacuación, y una larga lista de requisitos que están —o deberían estar— diseñados para evitar precisamente lo que ocurrió.
Si el lugar operaba sin cumplir con todas estas normas, alguien en el Ayuntamiento autorizó, ignoró o encubrió estas irregularidades. Y si sí se realizaron inspecciones pero no se detectaron riesgos evidentes —como sobrecupo, estructuras inestables o falta de salidas de emergencia— entonces estamos ante una falla institucional grave, por negligencia o complicidad.
Omisiones que cuestan vidas
Según declaraciones preliminares, ya existían reportes de irregularidades en el funcionamiento del lugar. Si estas alertas llegaron a las áreas de Comercio, Gobernación o Protección Civil municipal y no se actuó en consecuencia, entonces hablamos de omisiones criminales. El servicio público implica la obligación de prever, prevenir y proteger. No basta con clausurar el lugar después de los hechos.
El dolor de una familia que pierde a su hijo en un centro de entretenimiento —un espacio que supuestamente fue autorizado por la autoridad local— no se compensa con comunicados de prensa ni ruedas de prensa con tono solemne. Se exige justicia y rendición de cuentas.
¿Dónde están los funcionarios?
Hasta el momento, las investigaciones se centran en los organizadores del evento y dueños del inmueble. Pero las responsabilidades institucionales no se pueden eludir. ¿Qué hizo el municipio? ¿Quién firmó los permisos? ¿Cuándo fue la última inspección? ¿Se hicieron revisiones reales o solo de escritorio?
La transparencia es la primera muestra de voluntad política. San Luis Potosí merece saber si sus autoridades protegieron a los ciudadanos o protegieron negocios.
Ayer el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, apuntó nuevamente el foco a la responsabilidad del ayuntamiento de la capital. Lo cual podría parecer una más de las disputas políticas disfrazadas de problemas públicos locales, sin embargo, esta vez el señalamiento del gobernador, no debe perderse en la competencia política en la que se han enfrascado tanto Gallardo como el alcalde Enrique Galindo. Debería ser en todo caso, la oportunidad para exigir a la Fiscalía un trabajo impecable, con resultados técnicos y de investigación científica.
No puede permitirse la ciudadanía, que el Caso Rich quedé como cosa juzgada que se conformó con clausuras, cambio de un reglamento o el despido de funcionarios municipales.
El Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, dio a conocer en septiembre de 2024, que por acuerdo de la Contraloría Interna Municipal se determinó la separación del cargo de cuatro servidores públicos de la Dirección de Comercio, en seguimiento al proceso administrativo derivado del caso.
Los funcionarios “separados” de su encargo fueron: el Director, el Subdirector, la Coordinadora de Actividades Comerciales y el Jefe de Inspectores. De manera implícita, aquella “sanción” anunciada hace casi nueve meses, podría ser el reconocimiento implícito de que hubo responsabilidades legales, administrativas y éticas, cuando menos.
Una oportunidad para corregir
Este caso debe marcar un antes y un después en la gestión de permisos, verificación de establecimientos y vigilancia de la seguridad pública. Pero también debe marcar un precedente en cuanto a la responsabilidad política y administrativa de los funcionarios que, con su firma o su silencio, permitieron esta tragedia.
Porque Rich no fue un accidente. Fue una consecuencia.