Kristell Vargas
Representantes de asociaciones protectoras de animales asistieron a la sesión ordinaria del Congreso del Estado de este domingo 29 de junio para exigir un alto al maltrato animal en San Luis Potosí.
Este día se asignó el turno a la #LeyHope, iniciativa ciudadana que busca elevar las penas contra el maltrato animal.
El pasado 23 de junio diversas agrupaciones defensoras de los derechos animales presentaron una iniciativa ante Congreso del Estado de San Luis Potosí para endurecer las sanciones penales contra el maltrato animal.
La iniciativa propone una serie de modificaciones clave a los artículos 110 y 317 del Código Penal del Estado, en respuesta a los casos de maltrato animal que se han registrado últimamente en la entidad potosina, luego de que muchos de ellos no han recibido ningún castigo de ley.
La propuesta legislativa surgió luego de que hace unos meses se diera a conocer el caso de la perrita Hope, víctima de maltrato animal en la capital potosina al ser quemada y golpeada. Pese a que fue atendida por médicos veterinarios, el can murió a consecuencias del maltrato el 10 de abril.
A principios de junio también se dieron a conocer varios casos de maltrato animal en la capital potosina, entre ellos el rescate de decenas de perritos que se tenían en condiciones de hacinamiento en diferentes viviendas bajo el supuesto cuidado de rescatistas, situación que motivó a los animalistas a exigir penas más altas contra el maltrato animal, aunque el delito ya está penado en la legislación local.
La propuesta legislativa propone incremento a las penas por maltrato animal, entre ellas sanciones leves: de 5 a 24 meses de prisión y multas de 30 a 200 días del valor de la UMA. Para lesiones con daño físico permanente: de 12 a 48 meses de prisión y sanción pecuniaria de 209 a 600 días del valor de la UMA. En caso de muerte del animal: de 48 meses a 8 años de prisión y sanción económica de 300 a mil días del valor de la UMA.
Asimismo prevé que actos crueles, como sadismo o zoofilia reciban sanciones de 48 meses a 8 años de prisión, con sanciones económicas de 400 a 800 días del valor de la UMA. Los casos más graves, como la muerte del animal o el uso de métodos sádicos, no podrán prescribir con el tiempo. Esto garantiza que el delito no quede impune aunque pasen los años.