La Corte Suprema de Estados Unidos reactivó el jueves pasado las deportaciones de migrantes con antecedentes penales graves a terceros países, una medida que ha generado controversia legal y diplomática. Como resultado, ocho migrantes, entre ellos un ciudadano mexicano, fueron enviados a Sudán del Sur desde una base naval en Yibuti.
Los deportados, detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), se encontraban en custodia tras una orden del juez federal Brian Murphy, quien previamente había detenido su expulsión al considerar que no se les notificó con 72 horas de anticipación ni se les dio oportunidad de oponerse.
“Tras semanas de demoras por parte de jueces activistas que pusieron en peligro a nuestras fuerzas del orden, el ICE deportó a estos ocho delincuentes indocumentados tan atroces que ni siquiera sus propios países los aceptan”, declaró Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.
Entre los deportados está el mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, condenado a cadena perpetua por asesinato en segundo grado en Florida. Fue detenido el 12 de mayo de 2025 por agentes del ICE y se le vincula con la pandilla “Brown Pride”, aunque no ocupa un cargo relevante en su estructura, según informes oficiales.
Los otros migrantes provenían de países como Cuba, Laos y Myanmar. Todos fueron enviados a Sudán del Sur el sábado pasado en un vuelo especial, luego de que el Tribunal Supremo levantara el bloqueo judicial en junio y ratificara su decisión por mayoría de siete votos contra dos.
Días antes, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que Muñoz se encontraba en buen estado de salud y que se recababa más información sobre su situación.
McLaughlin calificó la deportación como “una victoria para el Estado de derecho y la seguridad del pueblo estadounidense”, y agradeció al personal del ICE por su labor.
Con información de: Aristegui Noticias