Marcela Loyola
En el Congreso del Estado se presentó una iniciativa ciudadana para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, con la finalidad de establecer la capacitación obligatoria en materia de prevención de la violencia de género, respeto a la diversidad y derechos humanos para todo el personal de nuevo ingreso.
La iniciativa busca agregar el artículo 18 Bis y un segundo párrafo al artículo 19 de la norma, de modo que la capacitación sea un requisito en las instituciones públicas estatales, la cual estaría a cargo de organizaciones de la sociedad civil, académicos o dependencias gubernamentales competentes, con enfoque en sensibilización y derechos humanos.
La propuesta surge como parte de un proyecto académico desarrollado en el Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa “Matilde Cabrera Ipiña de Corsi” y responde a la necesidad de prevenir, atender y erradicar la violencia y discriminación en los entornos laborales del sector público.
En la exposición de motivos, se advierte que en San Luis Potosí persisten altos índices de violencia contra las mujeres, manifestada en formas físicas, psicológicas, sexuales, económicas y simbólicas. Citan datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ubican a México en el décimo lugar mundial en feminicidios, así como cifras de la ENDIREH 2021, donde el 27.9% de las mujeres que han trabajado han sufrido algún tipo de violencia laboral.
Agregan que, estas conductas afectan el clima organizacional, el rendimiento institucional y la calidad del servicio público, por ello consideran que la capacitación desde el ingreso al empleo permitiría actuar de forma preventiva, creando condiciones más seguras y equitativas para todas las personas, sin distinción de sexo, género, orientación sexual, origen étnico o condición de discapacidad.
La iniciativa también, señala que, el resto de la capacitación y adiestramiento continúe impartiéndose al menos una vez al año, como lo marca la ley vigente, pero con el agregado de la formación obligatoria en perspectiva de género y derechos humanos para quienes se integren por primera vez al servicio público estatal. La iniciativa fue turnada a la comisión de derechos humanos y a la comisión del trabajo para su análisis en próximas reuniones.
Los promoventes son un grupo de jóvenes: Fernanda de León, Monserrat Rocha, Olimpia Hernández, Emmanuel Lara, Andrés Flores, Aaron Camargo, Israel López, Raúl Hernández, Eliana Carlos y Eduardo Piña.