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Hijos de adultos mayores, entre los que más incumplen con asistencia familiar en SLP

Las sanciones para los deudores van desde medidas de apremio y pérdida de derechos civiles —como la patria potestad— hasta responsabilidades penales

En San Luis Potosí, los delitos por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar reflejan un patrón donde son los padres y madres que dejan de cumplir con sus hijas e hijos, así como los propios descendientes que abandonan a sus padres adultos mayores, quienes más violentan este deber legal y moral.

Así lo señaló Nohemí Proal Huerta, titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), al advertir que se trata de una problemática cotidiana que afecta a sectores especialmente vulnerables.


“Pueden ser madres, pueden ser hijos de personas adultas mayores, pueden ser familiares cercanos. Aunado a este tema de prevención también se les hace el exhorto a que se denuncien los delitos, porque al haber denuncias es más fácil que las corporaciones estemos enterados y podamos reaccionar”, puntualizó Proal Huerta.

El marco legal en México considera este delito como un ilícito de peligro: no es necesario que la persona en situación vulnerable esté en total abandono, basta con que quien tiene la obligación deje de proporcionar alimentos o asistencia sin causa justificada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la sola falta de cumplimiento, por sí misma, configura el delito

El incumplimiento puede derivar de una sentencia judicial, un convenio homologado o un mandato legal. En todos los casos, las víctimas suelen ser niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes dependen de otros para garantizar derechos básicos como alimentación, vestido, vivienda, salud y educación.

Las sanciones para los deudores van desde medidas de apremio y pérdida de derechos civiles —como la patria potestad— hasta responsabilidades penales. Sin embargo, todavía persisten criterios distintos en los tribunales: mientras algunos jueces consideran que basta el incumplimiento, otros exigen probar que la víctima estuvo en peligro real.

En este contexto, la funcionaria reiteró que denunciar es clave. “La prevención inicia desde reconocer estas violencias y reportarlas. Solo así podemos atender y dar respuesta a quienes más lo necesitan”, concluyó.

Con información de El Sol de San Luis

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