La presidenta Claudia sheinbaum publicó el viernes que la situación de Pedro Castillo, expresidente de Perú, “no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política”
La cancillería de Perú aclaró este sábado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que el expresidente Pedro Castillo, procesado por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, “no es un perseguido político”, al expresar el “rechazo absoluto” a sus recientes declaraciones que violan, remarcó, los principios de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú agregó que las palabras de Sheinbaum reflejan su desconocimiento total de la realidad peruana, de su Constitución y de su ordenamiento jurídico.
Recordó que, el 7 de diciembre de 2022, Castillo cometió “el flagrante quiebre del orden constitucional” al anunciar la disolución inconstitucional del Congreso y la instauración de un Gobierno de excepción, así como la reorganización del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
La mandataria mexicana publicó el viernes un mensaje en la red social X en el que expresó “en nombre de México”, su “más profunda solidaridad” con Castillo y su familia, y señaló que “su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”.
“La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, zanjó la gobernante mexicana tras reunirse con el abogado de Castillo, Guido Croxatto.
La cancillería peruana afirmó que los actos del exmandatario (2021-2022) constituyeron “un golpe de Estado fallido” y el “quiebre manifiesto de la institucionalidad democrática”, que fue debidamente sancionado conforme a las leyes peruanas.
Debido a los actos ilícitos perpetrados en flagrancia y de conformidad a la ley, la situación jurídica de Castillo obedece a decisiones adoptadas en el marco del Estado de derecho, con pleno respeto al debido proceso y a las garantías consagradas en la Constitución Política del Perú.
En ese sentido, el ministerio de Exteriores repudió esta “posición ideologizada” que contradice los principios básicos del derecho internacional, y añadió que “causa extrañeza” que Sheinbaum pretenda desconocer que el secretario general de las Naciones Unidas, mediante comunicado del 8 de diciembre de 2022, condenó todo intento de subvertir el orden democrático en el Perú y llamó a respetar el Estado de derecho.
Tras el fallido intento de golpe de Estado, Castillo y su familia abandonaron el Palacio de Gobierno para dirigirse a la embajada de México en Lima, pero fue detenido por su propia escolta, mientras que su esposa e hijos obtuvieron el asilo de las autoridades mexicanas y residen en ese país.
El Congreso peruano destituyó a Castillo y, ese mismo día, asumió la presidencia del país su entonces vicepresidenta, que concluirá su periodo el próximo año.
El exmandatario está recluido en el penal de Barbadillo, al este de Lima, y está sometido a un juicio por el delito de rebelión por el cual enfrenta un pedido de cárcel de 34 años.
Con Información de El Sol de México