Marcela Loyola
Líderes de la comunidad LGBTI+ de San Luis Potosí presentaron una iniciativa de ley para que al menos el 3 por ciento de los espacios laborales de toda la administración pública, sean destinados para dicho sector de la población.
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— PotosíNoticias (@Potosinoticia01) September 10, 2025
Este miércoles fue entregada al Congreso del Estado la Iniciativa, signada por Bárbara Irazamy Portillo Vázquez, Julie Carrillo Saucedo, Adrián Barrios Muñoz, Jeús Paul Ibarra Collazo y Francisco Olvera Herrera, con la que se busca reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Educación del Estado; de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado; de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado; y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
La propuesta pide que, el Estado garantice la adopción de medidas de acción positiva orientadas a la inclusión laboral de las personas trans y no binarias, a fin de asegurar la igualdad real de oportunidades, para que las entidades públicas y las organizaciones sindicales incorporen en las condiciones generales de trabajo medidas de acción positiva que aseguren la inclusión laboral de las personas trans y no binarias.
Asimismo, que las dependencias del gobierno estatal en sus relaciones laborales cumplan con la obligación relativa a la destinación de un porcentaje de plazas de ingreso anual para la contratación de personas trans y no binarias, así como garantizar su acceso a programas de capacitación y desarrollo laboral.
La Oficialía Mayor deberá coordinar la planeación, implementación, supervisión y evaluación de políticas públicas de inclusión laboral dirigidas a personas trans y no binarias en la Administración Pública Estatal, incluyendo la colaboración interinstitucional para la aplicación de acciones afirmativas, la emisión de lineamientos, protocolos de atención institucional, formatos de rectificación de registros laborales, procedimientos de protección de datos personales y programas de capacitación obligatoria para servidores públicos en materia de diversidad sexual, identidad y expresión de género, igualdad de trato y no discriminación.
Las instituciones educativas estatales deberán contar con un procedimiento formal para la corrección de certificados, constancias, diplomas, títulos o grados académicos de nivel básico, medio superior y superior, cuando las personas hayan realizado su cambio de nombre y/o género mediante resolución de autoridad administrativa y copia certificada del acta de nacimiento. Dicho procedimiento deberá ser ágil, gratuito y respetuoso de la confidencialidad de la persona solicitante.
La Dirección Estatal de Profesiones deberá realizar rectificaciones rápidas, administrativas y preferentemente gratuitas de cédulas profesionales de las personas que hayan realizado su cambio por identidad de género, previo cumplimiento de los requisitos.
“En cada municipio el tres por ciento de su nómina sea para personas trans y no binarias para que tengamos esta igualdad y cerrar la brecha de desigualdad”, expuso Irazamy Portillo.