Kristell Vargas
La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Adriana Urbina Aguilar, generó controversia al abstenerse de votar en favor de la propuesta presupuestal para el cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA). Esta sentencia obliga al municipio a indemnizar a un corporativo privado con 44 millones de pesos por un daño patrimonial causado por actos administrativos ocurridos hace tres años. Urbina argumentó que no existía suficiente información jurídica ni técnica para sustentar la aprobación de tales gastos, lo que la llevó a tomar esta decisión.
Urbina explicó que su abstención no fue una evasión de responsabilidad, sino una acción fundamentada en la falta de claridad y transparencia del proceso. Según la regidora, desde abril de 2025, el Ayuntamiento ya había recibido notificaciones del TEJA sobre el cumplimiento de la sentencia, pero las comisiones internas del Cabildo no contaban con la información necesaria para entender el fondo del caso. En varias sesiones se discutió el tema sin conocer los detalles clave, lo que llevó a Urbina a cuestionar el manejo de la información y las posibles irregularidades en la gestión.
La regidora destacó que, en los documentos proporcionados al Cabildo, se había ocultado información relevante sobre el origen del caso, que data de la administración 2015-2018, cuando se autorizó un fraccionamiento. Aunque la sentencia hace referencia a esta autorización, los documentos entregados en junio de este año no incluían los antecedentes sobre el cumplimiento de la sentencia, lo cual considera una omisión grave. Esta falta de transparencia y claridad en la entrega de la información, según Urbina, comprometía la decisión del Cabildo y ponía en riesgo tanto la legalidad como la correcta administración de los recursos públicos.
Un aspecto clave de la propuesta que fue presentada al Cabildo fue la asignación de solo 7.5 millones de pesos para cumplir con la sentencia de 44.6 millones, más las actualizaciones correspondientes. Sin embargo, la propuesta no ofrecía detalles sobre cómo se cubrirían los 37 millones restantes ni si existía un acuerdo formal con el Tribunal para resolver esta diferencia. Para Urbina, esta situación es jurídicamente riesgosa y podría traer consecuencias administrativas o patrimoniales para aquellos que aprobaran un gasto sin la debida justificación.
Ante las posibles irregularidades en el manejo de la información, Urbina solicitó formalmente que la Contraloría Interna Municipal investigara el caso. Aunque reconoció la necesidad de cumplir con la sentencia, aseguró que no podía avalar un procedimiento lleno de vacíos legales y administrativos. Finalmente, la regidora reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia, destacando que las decisiones en el Cabildo deben tomarse con base en información completa y adecuada, para poder garantizar una respuesta responsable y confiable hacia la ciudadanía.