Kristell Vargas
Francisco Eduardo Naif Gallegos, coordinador regional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), expresó su total respaldo a la propuesta de la Ciudad de México de imponer penas de hasta diez años de prisión a notarios, agentes o individuos que cometan fraudes dentro del sector inmobiliario. El dirigente destacó que este tipo de medidas deben ser replicadas en todo el país para frenar los abusos en el sector.
“Las acciones legales no deben limitarse a una sola entidad. El ejemplo de la Ciudad de México ha generado una alerta en las regiones que coordina AMPI a nivel nacional. Las sanciones deben ser homogéneas en todos los estados de la República”, afirmó Naif Gallegos.
El líder de AMPI señaló que los fraudes inmobiliarios surgen principalmente de intereses económicos y de la explotación de lagunas legales por parte de quienes buscan enriquecerse de forma ilícita. Ante ello, sugirió a la población tomar precauciones frente a ofertas sospechosas, especialmente en plataformas digitales. Recomendó verificar que los agentes inmobiliarios estén debidamente certificados y siempre exigir documentación que respalde cada transacción.
“La ciudadanía debe asegurarse de consultar solo a profesionales acreditados, verificar registros oficiales y no dejarse engañar por ofertas demasiado atractivas que podrían comprometer su patrimonio”, agregó.
Finalmente, Naif Gallegos enfatizó que además de la imposición de penas, es esencial fortalecer la colaboración entre autoridades, notarios y asociaciones inmobiliarias para cerrar los vacíos legales que permiten la proliferación de fraudes. “Una mayor supervisión y un marco normativo robusto son claves para proteger el patrimonio de las familias mexicanas”, concluyó.