Marcela Loyola
La reforma a la Ley de Amparo no es progresiva, al contrario, es regresiva y, lo más delicado es que va contra la naturaleza de lo que dicta la Constitución, de proteger a los ciudadanos contra normas generales y abusos de autoridad, consideró el ex diputado local, Edgardo Hernández Contreras.
Expuso que, La Ley de Amparo desde su creación en 1847 en la Constitución Federal, para posteriormente reformarla en la de 1857, emergió para la protección de los ciudadanos contra los actos de autoridad, en el 2013 dio más ese matiz de protección, pero privilegiando los derechos humanos.
“Esta iniciativa propuesta por Morena, por una parte, está bien, en cuanto a la dinámica de los tiempos, contestación, ampliación y uso de medios digitales, sin embargo, lo más delicado es que va contra la naturaleza de lo que dicta la Constitución, es decir, pareciera que está reforzando a los actos de autoridad, que es lo que en su naturaleza la ley de amparo busca frenar”, detalló.
El también especialista penal dijo que, con esta reforma se reduce la posibilidad de los particulares, para garantizar a través de una fianza, los actos de autoridad, que a través de un catálogo serán privilegiados.
“Lo más grave en situaciones de carácter fiscal, no operará el amparo, si no hasta que se hayan agotado los procedimientos intermedios del cobro, es decir, no se podrá solicitar un amparo, si no hasta el final y vengan los remates de los bienes, previamente embargados”, lamentó.
Abundó que, con esto la autoridad, tendrá amplio margen para vulnerar las garantías de los particulares, sin la protección del amparo federal, “otro punto muy importante es el interés legítimo, el cual queda subyugado y condicionado a demostrar que quien interponga un juicio de garantías demuestre plenamente ese interés legítimo, el cual actualmente puede ser interpuesto por cualquier persona”.
Hernández Contreras señaló que, “han sido siglos de lucha y estudio, para estar al nivel de la protección de los derechos humanos de todos los gobernados contra actos de autoridad y, en este ejercicio pareciera un retroceso a las garantías en contra de los abusos de las autoridades, con la reforma a la ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.