Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Protección a los Animales de San Luis Potosí que prohíbe la venta de animales por cualquier medio digital, a menos que se cuente con un permiso expedido por la autoridad competente. La medida, impulsada por la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, busca frenar el comercio informal, el maltrato y la explotación animal que proliferan en redes sociales y plataformas en línea.
La legisladora destacó que esta reforma contribuirá “a la protección de los derechos de los animales y al fortalecimiento de una sociedad más ética y consciente”. Sin embargo, detrás del discurso legislativo se abren interrogantes sobre la capacidad del Estado para vigilar y sancionar efectivamente un mercado digital que opera muchas veces en la informalidad, de forma anónima y fuera del alcance de las autoridades locales.
Organizaciones defensoras de animales han celebrado la aprobación, aunque advierten que, sin campañas de educación, vigilancia y sanción efectiva, la prohibición podría quedarse en el papel. En muchos casos, la venta en línea se disfraza bajo la etiqueta de “adopciones con cuota de recuperación”, lo que complica aún más su control.
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— PotosíNoticias (@Potosinoticia01) October 8, 2025
En los últimos años, la venta de animales por redes sociales se ha convertido en una práctica común, donde se ofrecen desde cachorros de raza hasta especies silvestres sin control veterinario ni permisos ambientales. Este fenómeno ha generado una cadena de problemas: proliferación de criaderos clandestinos, abandono de mascotas adquiridas por impulso y riesgos sanitarios por la falta de vacunación o control de enfermedades zoonóticas.
De acuerdo con la exposición de motivos, el comercio digital de animales facilita el tráfico ilegal de especies y la compra sin responsabilidad, lo que repercute directamente en el bienestar de los animales y en la salud pública. No obstante, la legislación aún enfrenta vacíos importantes, pues el rastreo de cuentas, perfiles falsos o ventas en grupos cerrados de redes sociales puede resultar casi imposible sin mecanismos tecnológicos y coordinación con plataformas digitales.
La reforma al artículo 119 de la Ley de Protección a los Animales representa un avance simbólico y jurídico importante, pero plantea un desafío: traducir la norma en acciones concretas que frenen el comercio clandestino y fomenten la adopción responsable.
Mientras tanto, el mercado digital —con su rapidez, anonimato y alcance masivo— seguirá siendo un terreno fértil para quienes lucran con el sufrimiento animal, a menos que el Estado demuestre que su compromiso con una “sociedad ética y consciente” puede también sostenerse en la práctica.
Información tomada de un boletín de prensa.

