Luego de la violación tumultuaria ocurrida el pasado viernes en la Facultad de Derecho de la la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), esta institución enfrenta una serie de cuestionamientos en torno a la contratación del servicio de seguridad privada en sus inmediaciones, y que, para algunos, en realidad no han servido para garantizar la protección de la comunidad estudiantil. Incluso, parecen estar ligados a posibles favoritismos hacia empresas con cercanía a altos funcionarios universitarios.
La comunidad estudiantil se reveló ante la grave situación ocurrida en la Facultad de Derecho. Según testimonios, previo a la violación tumultuaria, varios alumnos, acompañados por una persona ajena a la institución, estaban consumiendo bebidas alcohólicas y drogas —incluida marihuana— dentro de las instalaciones, todo ello, ante la presencia de los elementos de seguridad interna.
La problemática evidenció también las deficiencias en los protocolos y en la seguridad misma que la universidad ofrece a su comunidad. La crítica más recurrente apunta a la mala calidad de servicios que prestan las corporaciones privadas contratadas por millonarias cantidades y con procesos dudosos y opacos.