Marcela Loyola
Pese a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) seguirá en su postura de no permitir ser auditada de manera externa en sus recursos autogenerados adelantó, el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Locourtois López quien dijo qué, derivado a este incumplimiento se iniciarán expedientes en contra del rector Alejandro Zermeño Guerra y de otros funcionarios universitarios, para que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) les imponga sanciones que pueden ser multa y hasta inhabilitación.
“Principalmente económicas, una posible inhabilitación dados los montos, no nos corresponderá a nosotros, vamos a sancionar y a mandar el expediente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quien determinará las sanciones. Nosotros calificaríamos como grave dado el monto que se está observando y la insistencia de no querer rendir cuentas”, expresó.
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— PotosíNoticias (@Potosinoticia01) October 24, 2025
El auditor general se refirió en género femenino lo que hace suponer que se trata de la abogada general de la Universidad, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, de ser la principal responsable de las sanciones que se impongan al rector Zermeño y a la persona encargada de la administración, ya que ella es quien ha inducido la resistencia a que unos 670 millones de pesos de ingresos propios no sean auditados por el IFSE.
Lecourtois López destacó que la ruta jurídica para evitar ser auditada en sus recursos autogenerados que siguió la UASLP y que en todas las instancias jurisdiccionales ha perdido, inició en el 2023 con la primera negativa argumentando su autonomía de gestión y contar con su Órgano Interno de Control nombrado por ellos mismos.
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Además, luego presentaron tres amparos, dos juicios de nulidad, la controversia constitucional que fue desechada por la Corte y finalmente piden revisión en donde se ratificó la sentencia, “eso implican una mayor consecuencia para la Universidad porque la ministra instructora da una declaración fatal para el tema de fiscalización: Determina que a Universidad es un ente público, descentralizado de la administración pública estatal, pertenece al gobierno, recibe más de 600 millones de pesos de dinero público, sus autoridades no son dueñas de la Universidad y han actuado como si fueran dueños de este dinero”, precisó.
El auditor estatal potosino lamentó que la postura de las actuales autoridades universitarias será el seguirse negando a ser auditados “aunque tenga el agua hasta el cuello”, con lo cual, advirtió, que ahora el IFSE particularizará las sanciones en contra de los funcionarios que se han negado a transparentar ante el órgano fiscalizador externo los recursos autogenerados de la Universidad y ahora tendrán que defenderse en tribunales con sus recursos y no con los de la UASLP.