Kristell Vargas
Dayana Sarahí Alonso Díaz y Rodrigo Espinosa Martínez, padres de Roy Espinosa, una de las víctimas mortales de la tragedia ocurrida el 6 de junio del 2024 en el antro Rich, ubicado en la Plaza Alttus de la capital potosina, exigen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí celeridad en la investigación de los hechos y proceder contra los servidores públicos involucrados.
En una carta dirigida a la Fiscal María Manuela García Cázares, con fecha del 8 de octubre del 2025, los padres del menor de edad fallecido piden que la investigación se analice desde la responsabilidad de los particulares.
Asimismo, piden que se analice “desde la responsabilidad ineludible de los servidores públicos encargados de la expedición, control y vigilancia de permisos y licencias en materia de protección civil, actividades comerciales y venta de bebidas alcohólicas, tanto de baja como de alta degradación”.
Los padres de la víctima refieren en el documento que en la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía se encuentra la resolución de la Contraloría Interna Municipal, donde se determinó la responsabilidad de varios servidores públicos en lo ocurrido.
“Esto deja claro que no hablamos solo de errores de particulares, sino de omisiones graves de autoridades que tenían la obligación de vigilar y actuar, por lo que es indispensable abrir líneas de investigación penal. Por lo tanto, es evidente que los hechos investigados no pudieron ocurrir sin la intervención activa o la omisión de servidores públicos en distintos niveles de gobierno”, señalan en el documento.
Alonso Díaz y Espinosa Martínez consideran preocupante que después de un año y cuatro meses desde que inicio la investigación, no se ha llamado a declarar a ningún servidor público, además lamentaron que no hay avances visibles en esa línea, pese a que -afirman- existen pruebas claras en la carpeta que obligan a la Fiscalía a actuar.
“Esta falta de respuesta no solo es injustificable, sino que envía un mensaje alarmante sobre la impunidad”, advirtieron los padres de Roy, quienes confían que la Fiscalía actúe con imparcialidad y garantice justicia para su hijo y las demás víctimas.
“Pedimos se nos informe con claridad qué acciones concretas se han realizado para investigar y proceder contra los servidores públicos involucrados en los hechos, porque la sociedad merece saber que nadie está por encima de la ley”, concluyeron.