Marcela Loyola
“Hay carencias de protocolos en diferentes espacios” para atender la violencia contra las infancias, reconoció la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno quien dijo que, es necesario contar con estos esquemas para que las diferentes organizaciones sepan cómo actuar en caso de agresiones sexuales.
#SLP “Hay carencias de protocolos en diferentes espacios” para atender la violencia contra las infancias, reconoció la presidenta de la CEDH, Giovanna Argüelles quien dijo que es necesario contar con esquemas para que las organizaciones sepan actuar en caso de agresiones sexuales pic.twitter.com/RXnlxPv7iQ
— PotosíNoticias (@Potosinoticia01) November 1, 2025
Detalló que, en todas las recomendaciones que emiten, hay un apartado específico para que las instituciones garanticen la no repetición de los actos, para lo cual deben de tener protocolos para garantizar el respeto a los derechos humanos, pero muchas no cuentan con este.
“Parte de nuestros pronunciamientos en las recomendaciones, un apartado muy específico, en el cual el mismo nos obligan a pronunciarnos en la garantía de no repetición y una garantía de no repetición es una herramienta sumamente importante en estos protocolos”, puntualizó.
Argüelles Moreno señaló que, además la CEDH pertenece a una federación de organismos públicos de derechos humanos que tienen convenios con la Unicef, para trabajar contra las violencias digitales, “no es el tema de restringir, sino que, como personas adultas, autoridades o instituciones tengamos las actuaciones pertinentes para que las niños, niñas y adolescentes puedan navegar en entornos que sean seguros y libres de violencia”.
Así lo declaró por la iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí presentada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, junto con la Fundación Internacional “Granito de Arena”, una organización dedicada a la erradicación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa busca la creación de protocolos unificados y obligatorios de actuación para la prevención y atención del abuso infantil en los entornos escolares, creando un esfuerzo interinstitucional para prevenir y sancionar el abuso contra menores.