Kristell Vargas
Padres de las víctimas de la tragedia ocurrida la noche del 6 de junio de 2024 en el antro Rich, en la capital potosina, calificaron como una burla y una ofensa que los tres detenidos, acusados como presuntos responsables de los hechos, ofrecieran como garantía una propiedad de bajo valor económico para cubrir los daños y perjuicios.
“Como si se tratara de una oferta del Buen Fin”, lamentaron los familiares, visiblemente molestos por la propuesta presentada ante las autoridades judiciales.
De acuerdo con información contenida en el expediente del caso, la vivienda presentada como garantía por la defensa de los acusados, ubicada en la colonia San Leonel, en la capital potosina, no supera los 700 mil pesos. Los padres de las víctimas consideraron esta acción una falta de respeto, recordando que dos jóvenes perdieron la vida y una decena resultó con lesiones graves, algunos con secuelas permanentes y diagnósticos médicos aún inciertos, más de un año después de la tragedia.
“Resulta una ofensa pública para los potosinos y para las víctimas de esta tragedia la propuesta económica de los hoy acusados Nancy N., Ulises N. y Francisco N., como si se tratara de una simple compraventa. Tenemos víctimas con lesiones de por vida; exigimos respeto y congruencia”, manifestaron los familiares.
GOBIERNO DEL ESTADO ACATARÁ RESOLUCIÓN JUDICIAL SOBRE CASO RICH
La Secretaría General de Gobierno aseguró que el Poder Ejecutivo entregará la información solicitada sobre el caso del antro Rich, después de que un juzgado federal sancionara a la Contraloría General del Estado por no proporcionar los documentos requeridos. Se indicó que la Contraloría entregará los documentos pertinentes sobre los eventos ocurridos en el centro nocturno Rich el 7 de junio de 2024, conforme a los lineamientos del Poder Judicial de la Federación en relación con el caso.
Lo anterior derivado de que el Juzgado Sexto de Distrito impusiera una multa a la Contraloría General del Estado por no haber entregado los expedientes correspondientes a la investigación del caso. Dicha sanción se dio debido a la negativa de la dependencia a hacer pública la resolución de un procedimiento administrativo que involucró a tres funcionarios del gobierno estatal: Mauricio Ordaz Flores, José Concepción Gallardo Martínez y Lucía Martha Ramírez Rodríguez.
Pese a que la Contraloría resolvió el procedimiento sancionador en febrero de este año, los detalles de la resolución no fueron dados a conocer debido a que los implicados presentaron recursos legales. Además, la Contraloría clasificó la información como “reservada”, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia, especialmente hacia las víctimas de la tragedia y sus familiares, quienes no recibieron acceso a los documentos solicitados.