Marcela Loyola
Mientras organizaciones ciudadanas siguen advirtiendo sobre el riesgo que corre la libertad de expresión con la iniciativa presentada por el diputado Héctor Serrano Cortes, la cual pretende castigar con hasta 12 años de prisión a quienes elaboren o difundan contenidos generados con Inteligencia Artificial (IA) que “provoquen alarma social” o manipulen información institucional; el legislador afirma que, no es para censurar.
El vocero de la organización Ciudadanos Observando, Guadalupe González expuso que, el problema central está en la redacción, “si el contenido genera “alarma” o “desinformación”, pero la autoridad considera que hubo dolo (intención de causar daño), entonces sí sería punible. Pero el dolo, por definición, implica precisamente eso: la voluntad de hacer algo a sabiendas de su ilegalidad, es decir, la excepción se convierte en una trampa legal”.
Abundó que, otro artículo de la misma iniciativa —el 187 Ter— anula por completo las aparentes garantías de libertad de expresión, pues este artículo prohíbe el uso de la imagen, voz o identidad digital de cualquier persona sin su “consentimiento previo, específico e informado”, sin importar el propósito de ese uso. Esta cláusula elimina de facto cualquier posibilidad de parodia, sátira, crítica política o representación artística si involucra a figuras públicas, lo cual es una práctica común y protegida en cualquier democracia”.
Añadió que, con esta prohibición, se bloquea prácticamente cualquier contenido crítico generado con IA, incluso aquellos protegidos por los artículos anteriores, por lo que, “el resultado: un marco legal que, lejos de regular el uso ético de la inteligencia artificial, abre un camino peligroso hacia la criminalización del discurso incómodo para el poder”.
Por su parte, el director general de Cambio de Ruta, Luis González Lozano alertó que, con esta iniciativa se busca criminalizar el uso de la Inteligencia Artificial, lo cual es inconstitucional y violario de los derechos fundamentales, pues se quiere castigar hasta con 12 años de prisión a quien cree memes, parodias o crítica política con IA; criminaliza “cualquiera que sea el propósito” incluso uso periodístico o artístico y, menciona términos vagos como “alarma social” o “menoscabar autoridad”, lo que se generaría la censura.
Al respecto, Héctor Serrano consideró que, la polémica sobre su iniciativa es porque se les da una interpretación incorrecta, por parte de “politólogos que se sienten constitucionalista y su opinión es respetable, pero no es una iniciativa que frene libertades”.
“Los mal pensados van a darle la interpretación que ellos quieran y cada quien le va dar la interpretación que quiera, para el fin que le corresponda (…) ese es el mal pensamiento de quien lo quiera interpretar de esa manera, nosotros no lo hacemos con esa intención y actuamos de muy buena fe para evitar que se generen condiciones de pánico social”, puntualizó.