Marcela Loyola
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), emitió la Recomendación 6/2025 al Ayuntamiento de Villa de la Paz, por las violaciones a los derechos humanos de personas privadas de su libertad que ingresan a los separos municipales.
Lo anterior, por una investigación realizada por personal de la Tercera Visitaduría del Organismo, donde se determinó que existió abstención u omisión en el deber de custodia; se vulneró el Derecho a la legalidad por omitir fundar y motivar el acto de autoridad; el Derecho a la Integridad Personal, por la inadecuada certificación de las personas detenidas; y el Derecho al Trato Digno, por no proporcionar una estancia digna a las personas detenidas.
La CEDH constató que el municipio incumplió con las condiciones mínimas para garantizar la seguridad e integridad de quienes se encuentran bajo su resguardo, además de carecer de procedimientos administrativos debidamente fundamentados que sustenten las detenciones y la custodia de las personas privadas de su libertad.
Por lo que se emitió la Recomendación numero seis, donde solicita realizar las gestiones presupuestales necesarias a efecto de que las celdas preventivas Municipales de Villa de la Paz, cuenten con instalaciones y servicios, en las condiciones de operación y mantenimiento idóneos.
Además, se implemente protocolos de atención para personas sometidas a detención, así como las que pertenezcan a los grupos vulnerables como migrantes, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, comunidad LGBTIQ+ y para personas de pueblos y comunidades indígenas.
De igual forma que, se cuente con los servicios de personal médico disponible las 24 horas del día y de un protocolo de actuación para el tratamiento de personas sometidas a detención. Y se de vista de la presente recomendación a Regidores y Síndico que integran el Pleno del Cabildo de Villa de la Paz, con el objetivo de que en el ámbito de sus facultades se analice, discuta, designe y apruebe presupuesto para la creación e implementación de un proyecto estratégico enfocado en la modernización de las celdas preventivas, en un plazo máximo de seis meses.
También se pide que, como Garantía de No Repetición, se realice las gestiones necesarias a efecto de incluir dentro de su política pública de seguridad, la profesionalización en derechos humanos de las y los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y Jueces Calificadores.