El Gobierno del Estado canceló el contrato con la empresa Aguas de Reúso El Tenorio, ligada a Veolia, que operó durante 18 años la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Tenorio. La administración argumenta que la decisión busca fortalecer el control público del saneamiento y garantizar un servicio estratégico en medio de la sequía que atraviesa San Luis Potosí, donde el agua tratada es utilizada por la termoeléctrica de Villa de Reyes y en zonas ejidales para recargar el acuífero.
La ruptura se dio en medio de tensiones financieras, pues la empresa reclama un adeudo de 310 millones de pesos al Estado, cifra que influyó en la determinación de no renovar la concesión. Con la salida del operador privado, la Comisión Estatal del Agua (CEA) asumió directamente el control de la planta, aunque la entrega–recepción estuvo marcada por señalamientos de irregularidades e incluso acusaciones de “intento de despojo”.
La transición ha generado preocupación entre autoridades municipales y especialistas, debido a que la PTAR Tenorio es la única planta de tratamiento de la capital. Advierten que la CEA podría no contar con suficiente personal especializado ni con la capacidad técnica necesaria para manejar procesos complejos que requieren supervisión continua. Durante los primeros días del cambio se reportaron incidentes y posibles fugas, lo que elevó las alertas.
Los riesgos de una operación con personal insuficiente incluyen fallas en el proceso de saneamiento, derrames de aguas negras, afectaciones ambientales y posibles interrupciones en el suministro de agua tratada para la industria y el riego. Aunque el gobierno defiende que la medida fortalece la soberanía hídrica del estado, la transición exige inversión inmediata, capacitación y vigilancia estricta para evitar impactos negativos en la zona metropolitana.