En medio de un profundo hermetismo por parte de la empresa huasteca GUSI, se confirmó el fallecimiento de Nabor Jonguitud Hernández, trabajador de la empacadora y ex juez auxiliar del Núcleo de Población Comunal Los Huastecos, quien perdió la vida tras un accidente laboral ocurrido dentro de las instalaciones de la compañía. El deceso ha generado indignación entre familiares, amigos y habitantes de la comunidad, quienes denuncian la falta de información oficial y de garantías mínimas de seguridad para los empleados.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el accidente ocurrió alrededor de las 5 de la tarde, cuando Jonguitud Hernández realizaba maniobras con una chicharra que accidentalmente hizo contacto con cables de alta tensión, provocándole una fuerte descarga eléctrica. La falta de equipo adecuado y de medidas de seguridad habría sido determinante en el desenlace. A consecuencia de las graves quemaduras sufridas, principalmente en la cabeza, el trabajador permaneció con lesiones severas desde el pasado jueves, hasta que finalmente perdió la vida. Sus restos fueron sepultados ayer en el panteón local.

Nabor Jonguitud Hernández, quien no alcanzaba los 50 años de edad, era además integrante del programa federal Sembrando Vida, esposo y padre de familia, lo que ha profundizado el impacto de su muerte en la comunidad. La ausencia de un posicionamiento público por parte de la empresa ha sido interpretada como una falta de sensibilidad y responsabilidad social, especialmente ante los señalamientos sobre posibles omisiones en materia de protección laboral.

El caso revive antecedentes preocupantes, ya que no es la primera vez que se reportan accidentes mortales en la empacadora. En septiembre de 2020, medios locales informaron sobre la muerte de un joven trabajador de 19 años, Carlos Manuel N., quien también falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras laboraba en la planta; aunque fue trasladado a una institución médica, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Estos hechos han abierto el cuestionamiento público sobre si los propietarios de la empresa cuentan con algún tipo de protección o privilegio que los coloca por encima de los derechos laborales y de la obligación de garantizar condiciones seguras para sus trabajadores.