El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, denunció públicamente lo que considera un acto de hostigamiento y persecución política por parte de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández.
La controversia surgió tras la difusión de un video donde la funcionaria federal sugiere un boicot contra las empresas del magnate, específicamente TotalPlay, instando a los gobiernos de Morena a rescindir contratos vigentes.
Durante un conversatorio con jóvenes, Hernández Mora planteó que el cambio en los hábitos de consumo puede ser una forma de militancia ante lo que calificó como injusticias.
“Si creemos que un empresario como Salinas Pliego debe pagar sus impuestos, no consumamos productos de sus empresas hasta que los pague”, afirmó la funcionaria, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales y en el sector empresarial.
La respuesta de Salinas Pliego y el compromiso de pago
A través de su cuenta oficial en X, Salinas Pliego cuestionó el uso de recursos públicos para promover bloqueos comerciales.
El empresario enfatizó que ha mostrado disposición para resolver su situación fiscal con el Gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“¿Por qué estarán tan enojados conmigo si ya les dije que les voy a pagar?”, reclamó el dueño de TV Azteca, refiriéndose a los recientes acercamientos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Salinas Pliego acusó a la Secretaría de las Mujeres de incitar a la violencia y de movilizar al aparato gubernamental en su contra de manera ilegal.
Contexto fiscal y legal: La deuda ante el SAT
Este nuevo choque mediático ocurre en un momento crítico para la relación entre el empresariado y el Estado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó recientemente que las empresas de Salinas Pliego deben cumplir con el pago de adeudos fiscales que superan los 51 mil millones de pesos. El SAT informó que en enero de 2026 se emitirá el requerimiento formal de pago, aunque se ha abierto una ventana para negociar descuentos de hasta el 39% si se liquida de manera oportuna.
El empresario ha insistido en que su equipo legal revisará minuciosamente el desglose de esta cifra, buscando lo que él denomina “certidumbre jurídica”. No obstante, el llamado al boicot por parte de una integrante del gabinete ha sido visto por analistas como una transgresión a la neutralidad institucional que deben mantener los servidores públicos.
Con Información de Debate.