En San Luis Potosí, una parte considerable de los delitos que se cometen no queda registrada en las cifras oficiales. Robos, fraudes, amenazas y otros ilícitos no llegan a conocimiento de las autoridades debido a que las víctimas deciden no denunciar o porque, aun presentando el reporte, no se inicia una carpeta de investigación. A este fenómeno se le conoce como “cifra negra” o cifra oculta del delito.
La cifra negra es un indicador utilizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Se refiere a los delitos que sí ocurrieron, pero que no fueron denunciados o no avanzaron dentro del sistema de justicia, por lo que no forman parte de la incidencia delictiva oficial.
De acuerdo con la ENVIPE, durante 2023 se estimaron más de 31 millones de delitos en el país, de los cuales alrededor del 92.9 por ciento no fue denunciado ni investigado. Aunque se trata de un dato nacional, este comportamiento se replica en entidades como San Luis Potosí, donde la percepción de inseguridad y la desconfianza institucional influyen en la decisión de no acudir ante la autoridad.
Entre las principales razones por las que las víctimas optan por no denunciar se encuentran la falta de confianza en las autoridades, la percepción de que el proceso es tardado o ineficaz, el temor a represalias, la falta de pruebas y la revictimización durante el trámite, factores que desalientan el acceso a la justicia.
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La alta cifra negra impide dimensionar con precisión la magnitud real de la inseguridad en San Luis Potosí y genera un subregistro de los delitos, lo que dificulta el diseño de estrategias efectivas de prevención y combate al crimen, además de fortalecer la percepción de impunidad entre la ciudadanía.