Isabel García
Mientras el alcalde Enrique Galindo Ceballos insiste en negar públicamente despidos de personal de base, nuevas denuncias ciudadanas apuntan a una realidad distinta al interior del Ayuntamiento de San Luis Potosí, donde se estarían registrando despidos injustificados que podrían derivar en costosos juicios laborales para las finanzas municipales.
Roxana Castro Dimas, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y también militante de Movimiento Ciudadano, denunció a través de sus redes sociales que existen casos documentados de trabajadores despedidos sin justificación legal, lo que anticipa una ola de litigios laborales con posibles pagos millonarios de laudos.
De acuerdo con la activista, la única respuesta institucional que ha recibido por parte del Ayuntamiento ha sido evasiva.
“No tenemos conocimiento y lo vamos a analizar”, una postura que, lejos de atender el problema, refuerza la percepción de opacidad y falta de responsabilidad administrativa.
La integrante del Consejo Ciudadano advirtió que estas prácticas constituyen una forma de violencia laboral, ya que no solo afectan a los trabajadores despedidos, sino también a sus familias, al generar incertidumbre económica, desgaste emocional y procesos legales prolongados.
Además, señaló que la acumulación de demandas laborales evidencia una deficiente gestión administrativa, que podría traducirse en un uso irresponsable del erario, justo en un contexto donde el gobierno municipal enfrenta múltiples cuestionamientos por el manejo de recursos y la falta de resultados en áreas prioritarias.
Mientras el alcalde insiste en negar los despidos, las denuncias siguen acumulándose, dejando en entredicho la narrativa oficial y exponiendo un problema que, de confirmarse en tribunales, terminará siendo pagado por la ciudadanía.