Isabel García
El Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de su Contraloría Interna, informó la conclusión del procedimiento administrativo relacionado con el caso del antro Rich, una determinación que ha generado inconformidad social al considerarse insuficiente frente a la magnitud de los hechos ocurridos.
De acuerdo con la autoridad municipal, el expediente fue cerrado tras la imposición de sanciones administrativas a servidores públicos involucrados, consistentes en suspensiones que van de seis meses a un año. No obstante, se reiteró que el alcance del procedimiento se limitó exclusivamente al ámbito administrativo.
La resolución fue recibida con críticas por parte de familiares de las víctimas y diversos sectores de la sociedad civil, quienes cuestionan que no se hayan anunciado nuevas medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
También se ha señalado la falta de transparencia, ya que no se hicieron públicos los nombres ni las funciones de los funcionarios sancionados.
Para diversos actores sociales, el cierre del caso sin acciones preventivas claras ni un reconocimiento de fallas estructurales refleja una omisión institucional, que deja sin respuesta las demandas de justicia y de supervisión efectiva de establecimientos de este tipo.
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Aunque la Contraloría señaló que corresponderá a los tribunales atender posibles impugnaciones, el caso Rich permanece como un símbolo del debate público sobre responsabilidad gubernamental, control administrativo y la necesidad de que las autoridades municipales vayan más allá de sanciones internas para garantizar que tragedias como esta no se repitan.