La presidenta de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera (Amereiaf), Leticia Jiménez Zamora, señaló que el marco jurídico vigente establece de manera clara que los gobiernos estatales no cuentan con atribuciones para fiscalizar a las universidades públicas, ya que esta función corresponde exclusivamente a instancias federales.
Explicó que tanto la Constitución como la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas determinan que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la única autoridad facultada para revisar el ejercicio de los recursos federales que reciben las universidades, incluidas las aportaciones canalizadas por los estados y que tienen origen en participaciones federales.
Jiménez Zamora puntualizó que las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no introducen nuevos criterios, sino que ratifican la división de competencias entre los distintos niveles de gobierno, obligando a cada uno a respetar los límites legales que le corresponden en materia de fiscalización.
Advirtió que los conflictos surgen cuando los gobiernos estatales intentan auditar a las universidades sin fundamento jurídico, situación que, afirmó, suele estar motivada por intereses políticos más que por un genuino interés en la rendición de cuentas.
Asimismo, destacó que las universidades públicas cuentan con mecanismos internos de control, como consejos universitarios y auditorías permanentes, además de someterse cada año a la revisión de la ASF, cuyos informes son de carácter público.
En relación con los denominados “recursos propios”, aclaró que las universidades no tienen facultades para recaudar impuestos ni generan ingresos como lo hacen los municipios, sino que obtienen recursos autogenerados para cubrir necesidades operativas ante la insuficiencia del financiamiento público, los cuales se rigen por sus leyes orgánicas y estatutos internos.