Isabel García
El Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, mantiene una postura permisiva y complaciente frente a la proliferación de bares y negocios con venta de alcohol en las inmediaciones de instituciones educativas, incluso universidades, pese a los riesgos que esta situación representa para la comunidad estudiantil y la seguridad pública.
Aunque el propio director de Comercio Municipal, Ángel de la Vega, reconoció públicamente que se ha vuelto cada vez más común la presencia de estos establecimientos cerca de centros educativos, la respuesta del gobierno capitalino se limita únicamente a dos casos, dejando intacta una problemática mucho más amplia y evidente en distintos puntos de la ciudad.
De acuerdo con el funcionario, solo dos bares no podrán renovar su licencia este año, no por su cercanía con universidades, sino porque arrastran antecedentes de violencia, como peleas y detonaciones de arma de fuego.
Es decir, el Ayuntamiento actúa únicamente cuando los hechos ya escalaron a niveles extremos, pero tolera el resto de los negocios, aun cuando operan a escasos metros de aulas y durante horarios escolares.
El propio De la Vega confirmó que uno de estos establecimientos se ubica junto a la Facultad de Economía, y que su cierre definitivo se dará más por presión y coordinación con autoridades universitarias que por una política municipal firme para proteger entornos educativos.
Mientras tanto, el Ayuntamiento reconoce abiertamente que existen otros bares y expendios de alcohol alrededor de facultades de la UASLP y de la Universidad Politécnica, pero descarta cualquier acción para retirarlos o regularlos con mayor severidad, dejando claro que no hay intención de erradicar esta práctica.
La postura oficial exhibe una grave contradicción, se acepta que estos giros se han normalizado cerca de escuelas, pero se decide no intervenir, aun cuando el consumo de alcohol en zonas educativas es un factor que favorece conflictos, accidentes, inseguridad y descomposición del entorno estudiantil.
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Lejos de asumir responsabilidad, la Dirección de Comercio opta por minimizar el problema, permitiendo que el criterio municipal sea discrecional y reactivo, en lugar de preventivo.
Así, el Ayuntamiento de San Luis Potosí prefiere administrar el conflicto antes que garantizar espacios seguros, evidenciando una falta de compromiso real con la protección de estudiantes y la regulación efectiva del comercio.