Familiares y abogados de tres personas enviadas por México a Estados Unidos presentaron este lunes una demanda contra autoridades federales por presuntas violaciones a derechos constitucionales, tras el traslado de detenidos sin un proceso formal de extradición. La acción legal se anunció en Ciudad de México y marca el primer recurso judicial de afectados por una política aplicada desde hace casi un año por el gobierno federal.
La demanda surge luego de que México entregara a Estados Unidos a integrantes de organizaciones criminales que ya habían sido procesados y condenados en territorio nacional. Según los promoventes, los traslados se realizaron sin cumplir los procedimientos establecidos en la Constitución y en el tratado de extradición vigente entre ambos países, lo que, sostienen, afecta garantías legales básicas.
El caso se inscribe en un contexto de cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico, particularmente frente a la presión del gobierno estadounidense para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio. Entre los delitos prioritarios se encuentra la producción y distribución de fentanilo, tema central en la agenda bilateral reciente.
Traslados sin extradición formal
De acuerdo con los abogados, México ha enviado a Estados Unidos a 92 presuntos criminales en tres etapas desde finales de febrero de 2025. Los traslados se realizaron sin procesos judiciales de extradición, a pesar de que las personas involucradas cumplían condenas o enfrentaban procedimientos penales en México.
Los representantes legales sostienen que estas acciones constituyen una figura distinta a la extradición y que podrían equipararse a un traslado forzoso fuera del país, práctica que, argumentan, está prohibida por la Constitución mexicana. Por ello, buscan que las autoridades judiciales revisen la legalidad de las decisiones tomadas por instancias de seguridad.
El caso de Juan Pedro Saldívar
Uno de los casos incluidos en la demanda es el de Juan Pedro Saldívar Farías, identificado como exintegrante del cártel de Los Zetas. Sus familiares informaron que llevaba más de una década en prisión en México y que se encontraba en posibilidad de solicitar beneficios legales, como la libertad condicionada.
Según lo expuesto por su defensa, Saldívar fue trasladado a Estados Unidos la semana pasada, lo que interrumpió procesos legales en curso y afectó a su núcleo familiar. La demanda sostiene que el traslado se realizó sin notificación previa ni resolución judicial que lo autorizara conforme a la ley mexicana.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) y señala al Consejo Nacional de Seguridad, integrado por dependencias civiles y militares, por presuntas responsabilidades administrativas y penales. Los promoventes argumentan que las decisiones se tomaron de manera colegiada y sin sustento legal suficiente.
Además, los abogados informaron que familiares de otros detenidos enviados a Estados Unidos, incluidos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de los Arellano Félix, se sumarán a la acción judicial en los próximos días.
Desde el inicio del actual gobierno federal, México y Estados Unidos han reforzado la coordinación en materia de seguridad. Las entregas directas de detenidos se han presentado como parte de ese esfuerzo, aunque el mecanismo legal utilizado ha generado debate entre especialistas en derecho constitucional y penal.
El caso abre una discusión jurídica sobre los límites de la cooperación internacional en seguridad, el respeto al debido proceso y la aplicación de la ley de extradición, temas que ahora quedarán bajo revisión de las autoridades judiciales mexicanas.
Con Información de Debate.