Marcela Loyola
Por segundo día consecutivo, trabajadores administrativos sindicalizados de la Facultad de Ciencias de la Información (FCI) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), mantienen un paro laboral de “brazos caídos”, para exigir soluciones a la problemática de violencia laboral.
En el pliego petitorio entregado a las autoridades de la Facultad y de la UASLP, se encuentran la remoción de Rocío Elena Leura Vargas, administradora de la FCI y de Norma Lilia Ariceaga Hernández, secretaria general de la FCI, por actos constitutivos de acoso laboral.
Así como, la inconformidad por la contratación de personal externo ajeno a la UASLP como Lorena Torres Martínez encargada del departamento de Recursos Humanos, quien se contrató con recursos propios de la FCI en medio de una crisis financiera, en la que actualmente se encuentra la UASLP.
Los trabajadores solicitan intervención de la implementación de medidas urgentes de protección para el personal administrativo sindicalizado.
Ante la omisión y negativa emitida por las autoridades que no atiende de manera efectiva las peticiones ni garantizan las condiciones laborales libres de violencia, mantienen el paro de “brazos caídos” y, podría llegar a tomar la Facultad si hay caso omiso.
Además, reiteraron que, la manifestación pacífica iniciada el pasado 23 de enero de 2026 dentro de las instalaciones de la FCI se ha desarrollado de manera ordenada, legal y respetuosa, privilegiando en todo momento el diálogo como vía de solución.
Desafortunadamente, ante la falta de una respuesta favorable y de acciones concretas, continúan en protesta hasta que se atiendan las demandas planteadas y se garantice el respeto a los derechos laborales y sindicales.
Caber puntualizar qué, el pliego petitorio fue presentado desde la semana pasada, pero derivado de la negativa a reconocer y atender denuncias por acoso y abuso laboral, abuso de poder, así como por la falta de respeto a los espacios libres de violencia, a lo establecido en la NOM-035-STPS, del Contrato Colectivo de Trabajo vigente y los derechos laborales y sindicales reconocidos constitucionalmente, continuarán en manifestación.