Isabel García
El delito de extorsión atraviesa un proceso de transformación legal a nivel nacional que obligará a las entidades federativas a armonizar sus códigos penales, una vez que concluya la segunda etapa de la reforma federal, explicó el diputado Rubén Guajardo.
El legislador detalló que la reciente reforma en materia de extorsión responde a la necesidad de unificar criterios y sanciones en todo el país, luego de que en varios estados este delito no estaba tipificado de manera clara en sus legislaciones locales, pese a su alta incidencia.
Indicó que la intención del Congreso de la Unión es establecer penas homogéneas, incluso equiparables a las del delito de secuestro, con el objetivo de fortalecer el combate a una de las conductas criminales que más afecta a ciudadanos y sectores productivos.
Guajardo señaló que, aunque la reforma federal aún no concluye su proceso legislativo, una vez finalizada será obligatorio que los congresos locales adecuen su marco jurídico para alinearse a lo aprobado a nivel nacional.
Mientras tanto, explicó que en lo local pueden realizarse ajustes parciales, los cuales eventualmente deberán armonizarse conforme a la legislación federal, evitando contradicciones legales.
El diputado destacó que este proceso busca cerrar vacíos normativos y dar herramientas más sólidas a las autoridades para perseguir el delito de extorsión de manera efectiva en todo el país.