Marcela Loyola
Con la finalidad de atender los conflictos cotidianos y evitar que problemas menores escalen a procesos largos y costosos, el diputado Rubén Guajardo Barrera presentó la iniciativa de Ley de Justicia Cívica para el Estado de San Luis Potosí.
#SLP Con la finalidad de atender los conflictos cotidianos y evitar que problemas menores escalen a procesos largos y costosos, el diputado Rubén Guajardo Barrera presentó la iniciativa de Ley de Justicia Cívica para el Estado de San Luis Potosí. pic.twitter.com/vAsqznGpPf
— PotosíNoticias (@Potosinoticia01) February 4, 2026
En rueda de prensa, el legislador del PAN detalló que, la justicia cívica tiene como objetivo principal, el de prevenir que conflictos vecinales, familiares o comunitarios se conviertan en juicios interminables que dañan relaciones y afectan la convivencia social.
Abundó que, la propuesta apuesta por la conciliación, el diálogo y la reparación del daño, en lugar del castigo, como una vía para fortalecer la paz social.
Recordó que, actualmente, muchos conflictos simples, como un choque vehicular menor, terminan en denuncias ante la Fiscalía General del Estado y derivan en investigaciones y juicios penales. Con la Ley de Justicia Cívica, estos casos podrían resolverse de manera más rápida a través de jueces cívicos, basándose en dictámenes de la policía municipal y priorizando la conciliación entre las partes.
Rubén Guajardo manifestó que, esta ley ya existe en otros estados de la República Mexicana y ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir la reincidencia y mejorar la convivencia en las comunidades.
La iniciativa contempla una ley estatal que permita su aplicación tanto en el estado como en los municipios, aunque en municipios indígenas no se aplicaría porque ellos se rigen por sus usos y costumbres.
Además, aclaró que los jueces cívicos no dependerían del Poder Judicial, sino que serían creados y administrados por los ayuntamientos, quienes deberán encargarse de su capacitación y operación. También, reconoció que, la implementación tendrá un impacto presupuestal para los municipios, por ello, se trabajará de manera coordinada para que esta ley se convierta en una solución real a los conflictos sociales.
La iniciativa será analizada en comisiones, comenzando por la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales.