Isabel García
Empleados del Ayuntamiento de San Luis Potosí denunciaron un caos administrativo y operativo tras el cambio improvisado del servicio médico que reciben como derechohabientes, situación que generó indignación, confusión y preocupación entre el personal municipal.
La denuncia fue hecha llegar a la organización Ciudadanos Observando, donde trabajadores expusieron que lo que debía ser un trámite administrativo ordinario se convirtió en un problema mayor, debido a la falta de aviso previo, planeación y comunicación oficial.
De acuerdo con los testimonios, este día empleados acudieron como de costumbre al edificio ubicado en Zenón Fernández, donde durante años han recibido atención médica, y se encontraron con la sorpresa de que ya no serían atendidos en ese lugar.
Sin notificación previa ni información clara, se les indicó que los servicios serían trasladados a otro punto de la ciudad, sin precisar direcciones, procedimientos ni tiempos. Muchos trabajadores, algunos con citas programadas y tratamientos en curso, tuvieron que buscar por su cuenta el nuevo sitio para continuar con su atención.
La situación se agravó cuando se confirmó que los expedientes clínicos no fueron trasladados, dejando a pacientes con enfermedades crónicas y tratamientos delicados sin historial médico disponible, lo que generó incertidumbre sobre la continuidad de su atención.
A este escenario se suma el despido repentino de médicos que durante años brindaron servicio a los empleados municipales.
De acuerdo con los denunciantes, los profesionistas fueron separados de sus funciones sin explicación ni procedimiento laboral claro, lo que afecta tanto al personal médico como a los derechohabientes.
En este contexto, este medio tuvo acceso a una entrevista exclusiva con un trabajador del Ayuntamiento, quien solicitó mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias laborales, y expuso que la única comunicación oficial sobre el cambio del servicio médico fue un audio enviado vía WhatsApp a las distintas áreas municipales.
En el mensaje se indicó que, a partir del 1 de febrero, el servicio sufriría modificaciones y que se compartiría un tríptico con el nuevo procedimiento, además de señalar que algunas áreas como dental, psicología y farmacia continuarían operando de forma provisional.
Sin embargo, trabajadores señalaron que el contenido del audio no resolvió dudas clave, especialmente para quienes padecen enfermedades crónicas, ya que se les informó que deberán realizarse nuevamente estudios y valoraciones, obligándolos a empezar de cero sus tratamientos con nuevos especialistas.
Hasta el momento, ninguna autoridad municipal ha dado una explicación pública sobre esta decisión.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos, el oficial mayor y la directora médica no han informado qué motivó el cambio ni por qué se ejecutó de manera abrupta.
Tampoco se ha aclarado quién asumirá las posibles consecuencias legales derivadas de los despidos, en caso de que los médicos afectados presenten demandas laborales, lo que podría generar laudos que terminarían pagándose con recursos públicos.
Para los trabajadores, lo ocurrido no es un simple ajuste administrativo, sino una decisión que impacta directamente en su salud, su estabilidad laboral y la de decenas de familias, sin que hasta ahora exista una postura oficial del Ayuntamiento.